Cada año, en la última recta del periodo de sesiones, la Cámara de Diputados se concentra en la discusión y aprobación del paquete económico: las normas que establecen los ingresos y los gastos del gobierno para el ejercicio fiscal del siguiente año. En la sesión del martes, se aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación y reformas a la Ley Federal de Derechos. A partir de ahora, entramos de lleno a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2025).
En ese contexto, el primer paquete económico de la administración de Claudia Sheinbaum merece un análisis crítico. Este conjunto de reglas, que dan sustento a las finanzas públicas de nuestro país a partir del principio del equilibrio entre el ingreso y el gasto estimados, está construido sobre premisas poco realistas en el primer concepto y graves omisiones en el segundo, especialmente, en áreas prioritarias para el desarrollo nacional y los derechos de las personas.
Las proyecciones económicas sobre las que se sustenta el paquete son, en pocas palabras, demasiado optimistas. El Ejecutivo Federal prevé un crecimiento del PIB de entre 2% y 3%, que contrasta dramáticamente con las estimaciones de especialistas, calificadoras, cámaras empresariales y organismos internacionales, que lo sitúan entre 1.2% y 1.5%. La disparidad no es menor: sobreestimar el crecimiento implica proyectar ingresos inexistentes que, inevitablemente, obligarán a hacer ajustes presupuestales durante el ejercicio fiscal.
El tipo de cambio proyectado –de 18 pesos por dólar– también refleja un optimismo infundado, cuando el mercado anticipa niveles alrededor de los 20 pesos. Esta misma semana, después de que Donald Trump anunciara la voluntad de imponer aranceles a productos mexicanos y canadienses a partir de enero, el peso se depreció repentinamente. Hasta ahora, el tipo de cambio sigue por encima de los 20.50 pesos por dólar. Subestimar estas tendencias tendrá un enorme impacto en los costos de importaciones y, sobre todo, en el pago de la deuda.
Sin embargo, más alarmante aún resulta la estructura del gasto que se ha enviado a la Cámara de Diputados. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CEIP) ha mostrado que 80% de los 9.2 billones de pesos contemplados en el PEF 2025 ya está comprometido en tres rubros: pensiones, programas sociales y pago de deuda. El margen de maniobra para atender servicios básicos o instrumentar nuevas políticas públicas es de apenas 1.7% del PIB.
Los recortes presupuestales en sectores prioritarios son, en el mejor de los casos, preocupantes. Los sectores de salud y educación enfrentan reducciones de hasta 10% respecto a los recursos que recibieron en 2024, comprometiendo el acceso a derechos fundamentales para la población. El presupuesto en materia ambiental enfrenta un recorte sin precedente de casi 40%. Frente a una crisis hídrica de alcances históricos, los recursos para la CONAGUA disminuirían casi la mitad.
Con toda razón, el PEF 2025 ha sido objeto de polémica desde que se presentó. Hace unos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público justificó como un “lamentable error” un duro recorte presupuestal a universidades e instituciones de educación superior como la UNAM, el IPN y la UAM. Hasta el momento, tanto el gobierno como la mayoría oficial le han negado al Instituto Nacional Electoral los recursos que estimó necesarios para llevar a cabo la elección del Poder Judicial de la Federación del próximo año. También han rechazado la solicitud de prorrogar ese proceso electoral, cada vez más evidentemente inviable.
En la Cámara de Diputados tenemos la responsabilidad constitucional de modificar este presupuesto para hacerlo más realista; pero, sobre todo, más responsable. Un paquete económico construido sobre falsas expectativas, que además desatiende áreas cruciales para las y los mexicanos, no es más que una fórmula para el fracaso. México merece un presupuesto, con acuerdos en la pluralidad, que responda a las necesidades de las personas, no a los caprichos del optimismo gubernamental.
Diputada federal
