Recientemente, se anunció que el PRI , el PAN y el PRD firmaron un compromiso con la organización “Sí por México” para establecer una serie de alianzas estratégicas, de cara a las elecciones de 2021.
Es cierto que estos partidos tenemos diversas diferencias ideológicas y de agenda y que históricamente hemos competido entre nosotros. Sin embargo, en democracia también es natural, y sano, que las distintas opciones políticas construyan acuerdos y sumen fuerzas en favor de objetivos compartidos. Hoy la realidad del país justifica una alianza que sea no sólo oposición crítica, sino una alternativa real de gobierno.
Durante los dos años de la actual administración, hemos sido testigos de una clara tendencia a la concentración excesiva del poder, el acoso a los organismos autónomos, el ataque a los medios de comunicación y en general a cualquier ciudadano que disienta del oficialismo. Junto al debilitamiento de la democracia, vemos también el deterioro de la economía y el empleo, el aumento de la violencia y la militarización, así como el desmantelamiento de las capacidades del Estado, que quizá ha tenido su más trágico ejemplo en el sector salud.
Al mismo tiempo, hay una serie de oposiciones, muchas de ellas combativas y propositivas, pero también minoritarias y fragmentadas, que por sí solas no podrían –en todos los casos– enfrentar al partido oficialista, respaldado por el gobierno. En medio de esto queda un amplio sector de la ciudadanía que desea una alternativa a Morena y sus aliados, pero hasta ahora no ha decidido a cuál opción opositora darle su voto.
En este sentido, una estrategia de alianzas en torno a una agenda ciudadana representa una oportunidad para presentar candidatos competitivos en unidad, que representen causas concretas y tengan posibilidades reales de ganar espacios legislativos federales y estatales, así como gobiernos locales.
Estas posibles alianzas representarían mucho más que un acuerdo electoral: se trata de un acuerdo de Estado, en el que las oposiciones están dispuestas a dejar de lado sus diferencias para poner en primer lugar una agenda de país: la defensa de las libertades y los derechos frente al creciente autoritarismo del gobierno; frenar la destrucción institucional y el empobrecimiento del Estado; un federalismo auténtico; la separación de poderes y, en última instancia, la vigencia del orden constitucional y los principios democráticos.
Por un lado, se trata de obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, para que el Congreso vuelva a ejercer su rol como contrapeso efectivo frente al Ejecutivo Federal en temas como el presupuesto y la cuenta pública, pero también para hacer necesaria la deliberación cuando se trata de reformas constitucionales y legales que, en este momento, el grupo mayoritario puede aprobar en esa Cámara sin atender ningún planteamiento de las minorías. Por otro lado, se trata también de recuperar espacios en gobiernos locales, desde donde se ofrezca a la ciudadanía una alternativa concreta de gobierno a Morena y sus aliados.
Por ello, la suscripción de este acuerdo no implica necesariamente la consolidación de un bloque unificado que renuncie a sus diferencias ideológicas y agendas particulares; más bien implica una serie de compromisos sustantivos que demandarán unidad en los temas de fondo, pero no unanimidad en todos los asuntos.
Debemos tener claro que la última palabra la tiene la ciudadanía: esta coalición es posible gracias a la convocatoria de un grupo de ciudadanas y ciudadanos de los más diversos sectores; y será la propia ciudadanía quien juzgue su desempeño y sus resultados.
Esta será una prueba para el actual sistema de partidos políticos mexicano, que hasta hoy continúa siendo el principal vehículo con el que cuenta la democracia para postular candidaturas, presentar propuestas y formular programas de gobierno. El reto más grande para esta alianza, más que consolidarse como una simple oposición, es consolidarse como una verdadera opción.
