Estamos a cinco días iniciar un nuevo periodo de sesiones en el Senado de la República, que se enmarcará en un contexto inédito. Por un lado, la emergencia sanitaria y económica, que no sólo han cambiado la agenda del Congreso, sino también la forma como se desarrollará el trabajo parlamentario. Por el otro lado, el próximo 7 de septiembre inician el proceso electoral federal 2020-2021 y diversos procesos locales, cuya influencia en las discusiones legislativas será cada vez más notoria.
En este escenario, durante los próximos meses se discutirán temas que, por su relevancia e implicaciones, marcarán un antes y un después en la vida de nuestro país. En la oposición discutimos para construir una posición común frente al grupo mayoritario. Por supuesto, en la pluralidad de fuerzas políticas hay opiniones diversas; pero, en términos generales, percibo algunos puntos coincidentes en tres grandes temas.
Primero, las reformas para crear un ingreso básico para las personas que lo requieran en casos de emergencia. Este es un planteamiento de la oposición. Ante la inacción del Ejecutivo para establecer políticas públicas que alivien la pérdida de ingresos en las familias que padecen las consecuencias económicas de la pandemia, presentamos diversas iniciativas –yo presenté una– para establecer la responsabilidad del Estado de garantizar un mínimo para la subsistencia de esas personas en situaciones como la que vivimos.
Aquí, nuestras coincidencias de fondo nos permitirán consolidar una propuesta sólida, que responda a las demandas de la ciudadanía y a la necesidad de reactivar la economía del país.
En un segundo lugar, los cambios normativos –constitucionales, legales y reglamentarios– en materia de “Congreso Digital”; es decir, la definición de las reglas que darán sustento legal al trabajo legislativo a distancia, haciendo uso de herramientas tecnológicas: tanto para las sesiones del Pleno como para las reuniones de las comisiones.
En este tema, nos une la convicción de que el Congreso es la máxima asamblea deliberativa de la Nación; por lo cual, el trabajo parlamentario a distancia debe establecerse como una medida extraordinaria, temporal y excepcional. Bajo esta premisa, buscaremos conciliar la prevención de riesgos de salud con la defensa de espacios de expresión para todos los grupos en el cumplimiento de las funciones propias del parlamento: la legislativa, la de control político de la gestión pública y la de representar los intereses de una sociedad plural, en el marco de los contrapesos del Estado.
Finalmente, está la reforma al sistema de justicia. Se discutirá una propuesta (elaborada por la Suprema Corte y asumida por el Ejecutivo Federal) para modificar a fondo los procesos de ingreso y formación en el Poder Judicial, transformar la defensoría pública y afirmar que los criterios relevantes de las sentencias de la Corte se apliquen en toda la estructura judicial. Al mismo tiempo, debatiremos planteamientos para dar certeza a la llamada “justicia digital” y diferentes iniciativas sobre procuración e impartición de justicia, incluidas las que ha ofrecido enviar al Congreso el Fiscal General de la República.
La oposición respaldará causas como la ampliación de derechos, libertades y la accesibilidad de las personas a las instituciones de justicia. Asimismo, defenderemos el cambio de paradigma que significó la reforma penal de 2008, con base en principios fundamentales: la presunción de inocencia, el equilibrio procesal de las partes, la oralidad de los procedimientos y el valor de la investigación y las pruebas científicas.
Este nuevo periodo es una oportunidad para hacer reformas con visión de Estado. En un contexto por demás complejo, el Congreso no puede ser un instrumento faccioso al servicio de intereses electorales. Como oposición, ese es nuestro reto y nuestra convicción.
