Esta semana, en el Senado de la República aprobamos por unanimidad la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esta legislación ampliará el acceso a la justicia para cada vez más personas, pues establece los criterios mínimos para su funcionamiento en todos los órdenes de gobierno.
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) se utilizan para solucionar diferencias entre las partes involucradas sin la necesidad de recurrir a la legislación procedimental en un juicio, reivindicando la conciliación como una instancia para garantizar el acceso a la justicia. Su objetivo es propiciar soluciones legales y justas mediante el diálogo y la economía procesal.
La nueva ley es el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados, con la participación de la sociedad civil, de los destinatarios de la legislación y de prácticamente todos los involucrados: jueces, notarios públicos, facilitadores, especialistas, colegios de abogados y personas que se desempeñan en los centros de mediación en las entidades federativas.
Uno de los más grandes desafíos que enfrenta el Estado mexicano es garantizar la impartición de justicia de forma rápida, imparcial y eficaz; pero, ante todo, hacerla verdaderamente accesible para todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica o cualquier otra distinción. Uno de los mayores obstáculos para ello es que, en todo el país, los órganos jurisdiccionales ven rebasadas sus capacidades institucionales frente a la acumulación de asuntos pendientes, que pueden tardar meses e incluso años en ser resueltos.
En ese contexto, los MASC abren un espacio adicional para atender diversos casos de la justicia cotidiana. Por ejemplo: la que exige una trabajadora frente al trato discriminatorio de un empleador; la que demandan vecinos que tuvieron algún conflicto; los padres de familia que reclaman a las autoridades escolares por un trato diferenciado a sus hijos; las personas involucradas en incidentes de tránsito, o las familias divididas por la disputa de un patrimonio intestado.
No obstante, para que funcionen adecuadamente, los MASC requieren un alto grado de confianza de la ciudadanía en los mediadores o conciliadores, así como el impulso permanente a una cultura social en la que la solución no contenciosa, y la restauración del daño mediante la construcción de acuerdos voluntarios, estén cada vez más normalizadas.
Este último es uno de los objetivos fundamentales de la nueva ley: fortalecer la confianza de la ciudadanía, garantizando la certeza en cada una de las etapas de mediación, desde la participación inicial de las partes hasta la resolución final. Y, con ello, contribuir a renovar una convivencia social armónica.
La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no sólo dará certidumbre a los procesos de mediación, también ofrecerá un respiro a los órganos jurisdiccionales que actualmente se encuentran desbordados. En última instancia, contribuirá a consolidar un México más justo, ampliando el acceso a la justicia para cada vez más personas.
El legado de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión será contrastante: por un lado, la imposición reiterada del oficialismo para la aprobación de iniciativas inconstitucionales que han vulnerado el Estado democrático de derecho, el equilibro de poderes y los derechos de las personas. Por otro lado, la construcción de consensos para fortalecer el acceso a la justicia, como sucedió con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y como sucederá con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Senadora de la República
