Recientemente, se dio a conocer que México suspendería su participación en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), que evalúa el rendimiento académico de jóvenes de 15 años de los países de la OCDE en tres rubros principales: matemáticas, ciencia y lectura.
Si bien hubo un cambio de decisión, y finalmente las autoridades informaron que la evaluación sí continuará, la noticia revivió la discusión sobre la pertinencia de los exámenes estandarizados como mecanismo de evaluación de la política educativa . Más ampliamente, este debate volvió a poner sobre la mesa la necesidad de contar con información confiable para evaluar objetivamente los resultados de las políticas públicas de los gobiernos; pero, sobre todo, para subsanar sus insuficiencias y potenciar sus fortalezas, en un proceso de mejoramiento continuo.
En México, gracias al esfuerzo conjunto del gobierno, la sociedad civil organizada y la academia, contamos con cada vez más información sobre prácticamente cualquier rubro que queramos evaluar: desde el desempeño económico hasta la incidencia delictiva, pasando por la corrupción o la eficacia de los programas sociales .
Gracias al trabajo especializado del INEGI , por ejemplo, podemos saber que a la fecha se han recuperado más de 10 millones de empleos del total de 12 millones perdidos como consecuencia de la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, es posible constatar que gran parte de los empleos recuperados tienen menos remuneraciones y menos prestaciones; así como reconocer que nueve de cada 10 personas desempleadas actualmente, son mujeres.
En el Congreso de la Unión, las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica han sido útiles para argumentar en contra de algunas cuestionables iniciativas, como la reforma que eliminó la posibilidad de aplicar regulaciones asimétricas a PEMEX para garantizar la libre competencia en el mercado de los combustibles, en el que la empresa productiva del Estado se mantiene como agente económico preponderante con cerca del 90% de participación.
Por su parte, los informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social nos han advertido las deficiencias de los programas sociales de la actual administración federal, que carecen de claridad en los objetivos y no han logrado articularse en una estrategia integral de bienestar, además de no haber contribuido a reducir el impacto de la crisis sanitaria en la población.
Entre muchos otros, estos son algunos de los ejemplos de información y evaluación que hoy damos por hecho, gracias a la facilidad con la que actualmente podemos acceder a estos datos. Sin embargo, no debemos pasar por alto que esta posibilidad no existía hasta hace algunos años. Más aún, que hay grupos políticos interesados en debilitar a las instituciones que generan esta información.
El acceso a esta información especializada es resultado de la construcción institucional, la profesionalización técnica y el trabajo comprometido de servidores públicos, gracias al cual contamos con elementos objetivos para evaluar el desempeño de los gobiernos, así como exigir una rendición de cuentas efectiva.
Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Si queremos que los gobiernos puedan ofrecer mejores resultados, estamos llamados a defender la indispensable labor que realizan nuestras instituciones, garantizando que cada una tenga los recursos que necesita para desempeñar adecuadamente sus funciones. Sin evaluación, no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, no hay democracia.
Senadora de la República
