Después de varios meses de largas campañas, anticipadas ilegalmente por el oficialismo y la alianza opositora, faltan ya sólo tres días para que vayamos a las urnas. El proceso electoral dejó mucho a deber: pocas propuestas, muchas descalificaciones y aun más violaciones a la legislación y las reglas de convivencia democrática.
Este ha sido el proceso electoral más violento de que haya registro, con un saldo de al menos 150 homicidios, además de las decenas de candidatas y candidatos que han renunciado, amenazados por la delincuencia. En diversas regiones del país las organizaciones criminales se han convertido en los verdaderos electores.
Al mismo tiempo, la credibilidad de nuestras instituciones electorales está debilitada por los conflictos internos que impiden la toma de decisiones a partir de la construcción de acuerdos entre sus integrantes. El INE y el Tribunal Electoral se encuentran divididos en dos bloques, definidos a partir de la simpatía con el lopezobradorismo. El Tribunal, además, está incompleto debido a la omisión de los senadores de la mayoría oficial.
Las campañas electorales profundizaron el clima de polarización social impulsado por el Ejecutivo Federal. La desinformación, la confrontación, la descalificación y los ataques están cada vez más generalizados y normalizados en el debate público. Existe un riesgo real de que quienes no resulten favorecidos con el voto mayoritario decidan no reconocer los resultados de la elección, particularmente la coalición oficial.
Es en ese complejo contexto, caracterizado por la inseguridad, la polarización y la debilidad institucional, que la participación de la ciudadanía adquiere un protagonismo fundamental. Y además de expresarse como derecho, se transforma en una enorme responsabilidad.
Si bien son los institutos electorales quienes organizan las elecciones y los tribunales quienes resuelven las controversias y finalmente las califican, son millones de ciudadanas y ciudadanos quienes las hacen posibles: recibiendo, contando y plasmando los votos en las actas; representando en las casillas al partido en el que militan o vigilando el desarrollo de la jornada como observadores independientes. Sobre todo, ejerciendo libremente su derecho al voto.
No hay argumento más poderoso para defender la democracia que ejercerla efectivamente, aún cuando el proceso y las alternativas no convenzan. Nuestro compromiso con la convivencia democrática debe refrendarse con la expresión de nuestra voluntad en las urnas. El voto es el mejor antídoto que tenemos contra quienes pretenden debilitar la democracia, y la participación la mejor vacuna para que el siguiente ciclo electoral no sea igualmente frustrante. Ejercer libremente el voto es nuestra responsabilidad mínima como ciudadanos frente al momento histórico que vivimos. Ante nuestra imperfecta democracia, usemos sus herramientas para perfeccionarla. Llegó la hora de cumplir con nuestro deber: hay que votar.
Senadora de la República
