En México, ante la insuficiencia de las corporaciones civiles –en los tres órdenes de gobierno– para garantizar la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas han debido participar en tareas que naturalmente no les corresponden, a fin de hacer frente a la violencia y al crimen que persisten en buena parte del territorio nacional.
Más aún, el Ejecutivo Federal ha encomendado al Ejército y a la Armada diversas funciones extraordinarias: desde la construcción de infraestructura estratégica hasta la administración de las aduanas y los puertos mercantes.
Sin embargo, no podemos ignorar que la misión fundamental de nuestras Fuerzas Armadas es preservar la seguridad nacional del Estado mexicano, garantizando su defensa exterior y su seguridad interior. En este sentido, su entrenamiento, su formación y su capacitación están orientadas al cumplimiento de ese objetivo.
En el escenario actual, las miles de mujeres y hombres que luchan todos los días para preservar la seguridad de nuestras familias se encuentran en una posición de vulnerabilidad. En primera instancia, frente a la crítica social, que algunas veces malinterpreta la vocación militar, no como el sostén de las instituciones, sino como una forma del uso desmedido de la fuerza; pero también ante la ley, pues las y los militares carecen de mecanismos de protección para su desempeño en tareas de seguridad ciudadana. Nuestros soldados y marinos tienen un margen de acción muy limitado para respaldar al Estado en sus obligaciones constitucionales.
Así, en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, las y los legisladores incluimos un artículo transitorio, en el que se estableció que la necesaria participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en tanto se conforma la nueva institución, sería temporal (por un periodo de cinco años), extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria de las actividades propias de instituciones civiles.
Estos criterios fueron definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver una sentencia derivada de un caso contra el Estado Mexicano, que en ese momento fue declarado responsable de violaciones graves a derechos humanos.
Para cumplir plenamente con las resoluciones de la Corte Interamericana, mediante una regulación efectiva de la participación de las Fuerzas Armadas en la protección de la ciudadanía, recientemente presenté en el Senado de la República una iniciativa de ley que incorpora los principios para su actuación, define con claridad sus atribuciones y obligaciones; contempla mecanismos de coordinación con las entidades federativas; establece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como órgano fiscalizador y define el régimen de responsabilidades al que estarán sujetos sus integrantes. Además, establece la obligación del presidente de la República de presentar un plan de retiro gradual para que las Fuerzas Armadas retomen sus funciones constitucionales.
Nuestros militares son hombres y mujeres que consagran su vida al servicio de México con honor y lealtad. En su desempeño diario merecen todo nuestro respaldo. Para preservar el respeto a la institución armada, es imprescindible brindarle a nuestro Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada un orden jurídico claro, con sustento constitucional y acorde a las obligaciones internacionales de nuestro país. En este sentido, la responsabilidad recae naturalmente sobre el Congreso de la Unión.
Como legisladoras y legisladores, el mejor respaldo que podemos ofrecer a nuestras Fuerzas Armadas es mediante el ejercicio de nuestra función constitucional para consolidar una regulación efectiva, que norme sus actividades extraordinarias en tareas de seguridad pública. Con esa convicción, defenderemos su invaluable labor y trabajaremos en dotarles de mejores herramientas para su actuación.
Senadora de la República
