Guerrero enfrenta una crisis que pone en riesgo la viabilidad institucional misma del Estado; afecta la vida de las personas y obstaculiza sus posibilidades de desarrollo social y económico. Esta crisis se origina en una acumulación de problemas desatendidos y en su agravamiento por una particular desatención de los gobiernos recientes. Rezagos estructurales y coyunturas mal manejadas se combinan para crear una tormenta perfecta de crimen, marginación y desinstitucionalización.
Parte de la crisis es también la negación del problema. En los últimos años, se ha normalizado como nunca la estrategia de desacreditar prácticamente cualquier señalamiento como un ataque político, al punto de desconocer los hechos objetivos, especialmente cuando la crítica proviene de la oposición. El proceso electoral ha profundizado esta perniciosa tendencia; muestra de ello ha sido la discusión de una solicitud para que el Senado constate si están funcionando los poderes locales y, en su caso, declare su desaparición y proceda a que se reconstruyan.
Negarse a reconocer la realidad no va a cambiarla. Guerrero padece rezagos históricos, pero también las consecuencias de un gobierno completamente rebasado, cuyo peor saldo es la violencia contra la población. El Estado no puede ofrecer garantías mínimas de seguridad para sí mismo, mucho menos para sus habitantes; ha perdido la capacidad de hacer cumplir la ley e imponer su autoridad frente al control del crimen organizado, que domina cada vez más: desde la economía local hasta la política electoral.
Esta semana, en estas mismas páginas de EL UNIVERSAL, Francisco Rivas –presidente del Observatorio Nacional Ciudadano– documentó el incremento de delitos de alto impacto en Guerrero; las deficiencias de las instituciones de procuración de justicia, que deciden no investigarlos ni dar seguimiento a las denuncias, así como las extorsiones que han obstaculizado el transporte y comercio de productos de primera necesidad, como alimentos y medicamentos.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en los Índices de Marginación 2020, 34 de los 81 municipios guerrerenses están catalogados como de muy alta marginación, 28 tienen alta marginación y 12 un grado medio. El municipio indígena de Cochoapa el Grande, por ejemplo, es el quinto peor evaluado a nivel nacional: la mitad de sus habitantes no sabe leer ni escribir, mientras que seis de cada 10 no tienen drenaje.
Guerrero también enfrenta un grave rezago educativo: 12% de la población es analfabeta y 43% no terminó la educación básica. El promedio de escolaridad es de 8.4 grados: 1.3 menos que el nacional. Este rezago se traduce en la falta de acceso a oportunidades de desarrollo que permitan reducir las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de las personas.
Todas estas condiciones no sólo retrasan el desarrollo económico, sino que obstaculizan el surgimiento del valor social, que entre otras cosas motive la participación política de la población y brinde legitimidad al Estado de derecho. La ciudadanía guerrerense padece el hartazgo y el desánimo de una realidad que parece irremediable, independientemente de quiénes encabecen los cargos de elección popular o a qué partido representen.
Finalmente, la crisis en Guerrero obliga a un debate serio sobre las atribuciones y competencias de los órdenes de gobierno. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas: seguridad, educación, acceso a servicios y oportunidades de desarrollo. En Guerrero, ante el tamaño de los retos y la incapacidad de las autoridades locales, es razonable que la Federación tenga una presencia importante. Al mismo tiempo, la responsabilidad federal no puede suplir permanentemente las obligaciones estatales, como ha ocurrido, generando una dependencia precaria y permanente.
Las muchas aristas de la crisis de Guerrero no son ajenas a lo que también ocurre o puede ocurrir en otros estados y regiones. Más que negar la realidad o usar los hechos para avanzar un interés político, hay que actuar con altura de miras y devolver el foco del problema a lo importante: la seguridad, los derechos y las libertades de sus habitantes.
Senadora de la República
