Este martes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por mayoría calificada la invalidez del decreto que trasladó la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Si bien los efectos de la sentencia se definirán hasta el día de hoy, en sesión del pleno, la votación es suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la reforma militarista.

Esta sentencia tiene tres consecuencias concretas para el funcionamiento de la Guardia Nacional. Ante todo, al declarar inválida su adscripción a la SEDENA, la Guardia deberá incorporarse bajo una autoridad del ramo civil, en este caso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La segunda consecuencia es que el secretario de la Defensa perderá la facultad de designar al titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, lo que implica que el próximo mando volverá a ser tanto civil como designado por autoridad civil. Finalmente, los policías militares integrados a la Guardia Nacional perderán el fuero militar, puesto que ya no serán considerados miembros activos de las Fuerzas Armadas, y responderán ante justicia civil en caso de cometer algún abuso.

Esta es quizá la sentencia más relevante de la Suprema Corte en el sexenio, y será histórica. En un contexto lleno de presiones, ataques y hasta amenazas cotidianas, ocho ministras y ministros respaldaron, con valentía y responsabilidad, el proyecto del ministro González Alcántara. A ellas y ellos, la ciudadanía les debemos un gran reconocimiento por hacer valer la autonomía de la Corte y por defender nuestra Constitución. Esta sentencia, además ser una victoria jurídica, representa un triunfo para la ciudadanía que ha salido a las calles a defender a nuestra democracia, porque la democracia que anhelamos sólo es posible en una República civil, gobernada por civiles.

Además, esta resolución judicial es un triunfo para el Bloque de Contención en el Senado de la República. El proyecto aprobado se sustentó en la acción de inconstitucionalidad que promovimos el año pasado los senadores del PRI, PAN, PRD, MC y el Grupo Plural. Nuestra posición fue congruente con lo que defendimos durante semanas en las comisiones, en la tribuna, ante los medios de comunicación y en el debate público. Defendimos la Constitución con argumentos, que fueron ignorados por las mayorías mecánicas. Hoy el máximo tribunal nos da la razón.

Sobre todo, esta es una buena noticia para nuestro régimen de derechos y libertades, que se fortalece cada vez que se respeta la división de poderes y se honra a la Constitución. Las cualidades democráticas y civiles de nuestra República representan la cristalización de los procesos históricos que han moldeado a nuestra nación. Los mexicanos tenemos el compromiso ético y práctico de preservar el legado institucional por el cual lucharon nuestros antecesores, pero sobre todo de no perderlo para nosotros mismos ni para nuestros hijos.

Lo único más fuerte que la ciudadanía, es la ciudadanía organizada. Y una ciudadanía organizada que reconoce, defiende y respalda la autonomía de los contrapesos frente a las presiones, los ataques y las amenazas del oficialismo, tiene el potencial de construir una democracia inquebrantable.

Senadora de la República

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