Este miércoles, el oficialismo en la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para ampliar, por segunda ocasión en cinco años, el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Una medida que, lejos de resolver los desafíos de inseguridad e impunidad, profundiza las deficiencias del sistema de justicia, violenta derechos fundamentales y pone en riesgo nuestra libertad.
El carácter automático de esta medida despoja a las personas juzgadoras de la facultad de valorar, caso por caso, la necesidad o pertinencia de la prisión preventiva, convirtiendo un instrumento que debería ser excepcional en un procedimiento mecánico, normalizado y generalizado. La responsabilidad de decidir quién va o no a prisión ya no será de un juez, sino de una mayoría legislativa que prejuzga sin conocer las condiciones de cada imputado.
En suma, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión automática es incompatible con los compromisos internacionales de nuestro país. Las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez vs. México han establecido con toda claridad que la medida es violatoria de múltiples derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la prohibición de la privación arbitraria de la libertad.
Si fuera poco, la evidencia demuestra el fracaso de la prisión preventiva oficiosa como medida para reducir la incidencia delictiva. En 2019, se reformó la Constitución para incluir conductas delictivas como el feminicidio, el robo a transporte de carga o los delitos electorales en el catálogo del artículo 19. Desde entonces, la incidencia del feminicidio se redujo apenas en 6%. El robo a transporte de carga se multiplicó prácticamente cuatro veces. Y se duplicaron las denuncias por delitos electorales entre enero y marzo de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2018.
En ese contexto, lo que esta reforma verdaderamente revela es la claudicación del Estado en su responsabilidad de construir un sistema de justicia eficaz. En lugar de invertir en la profesionalización de policías, fiscales y jueces; de fortalecer las capacidades de investigación y mejorar los servicios periciales, se opta por una solución simplista que solo conseguirá saturar aún más los centros penitenciarios con personas que no han sido sentenciadas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad y sin acceso a una defensa adecuada.
La auténtica ruta hacia la seguridad y la justicia no pasa por el debilitamiento de los derechos fundamentales, sino por el fortalecimiento integral del sistema de procuración e impartición de justicia. México necesita policías mejor capacitadas, fiscalías profesionales que sepan integrar carpetas de investigación sólidas y jueces que puedan aplicar la ley con criterio y apego a los principios constitucionales.
Sin embargo, el riesgo más grave de esta reforma radica en los potenciales usos políticos de un instrumento excepcional del derecho penal. Gracias a ella, cuando una persona resulte inconveniente para el poder, bastará con una simple imputación para condenarla a prisión, en automático: sin que el Ministerio Público tenga que ofrecer evidencia sólida de su culpabilidad o del riesgo para la sociedad de que su proceso se enfrente en libertad, sin que ningún juez pueda valorar su situación particular. Sin ningún medio de defensa posible.
Esta nueva imposición constitucional representa un retroceso histórico en materia de justicia y derechos humanos que, además, sienta un peligroso precedente que fácilmente podría traducirse en la instrumentalización política del sistema penal. Es urgente asumir un compromiso con soluciones integrales, alejadas de falsas soluciones populistas que sacrifican principios democráticos y derechos de las personas.
Diputada federal
