Hace unas horas, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la reforma constitucional para prohibir que las modificaciones a la Constitución puedan ser sometidas a control judicial a través de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el amparo: los medios que permiten revisar si nuestras normas son congruentes con la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México.
Esta reforma surgió como una reacción del oficialismo ante las resoluciones de jueces que determinaron suspender la aplicación de la reforma a los poderes judiciales, gracias a las decenas de juicios de amparo promovidos en todo el país. Además, con ella, Morena y sus aliados pretenden cancelar la posibilidad de que la Suprema Corte determine –por primera vez en la historia– la invalidez de una reforma constitucional.
El decreto de reforma a los poderes judiciales fue impugnado ante la Corte a través de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En el proyecto de sentencia que será discutido por el pleno del máximo tribunal el próximo martes, el ministro González Alcántara Carrancá propone invalidar algunas disposiciones para salvaguardar la autonomía e imparcialidad de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
La nueva reforma del oficialismo busca que sus mayorías en el Congreso Federal y los congresos locales puedan imponerse para modificar a voluntad el texto de la Constitución, sin que nada ni nadie pueda revisar si sus reformas siguieron el procedimiento debido, o bien, si son congruentes o no con los principios fundamentales de la Norma Suprema –como la democracia, el federalismo o la división de poderes– y los derechos de las personas. La pretensión es consolidar la supremacía de una mayoría temporal por encima de la supremacía de la Constitución, que es general y permanente.
Si la reforma a los poderes judiciales actualizó la discusión sobre la posible inconstitucionalidad de las reformas constitucionales, esta propuesta renovó el debate sobre la soberanía de las mayorías políticas frente a la supremacía del Estado de derecho.
La iniciativa original era explícita en su propósito de eliminar del texto constitucional el control de convencionalidad, que obliga a México a respetar sus compromisos como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados lo eliminó de facto. Si una reforma constitucional resultara contraria al derecho internacional reconocido por México, no habría manera de revisarla, ni mucho menos de suspenderla o revertirla.
En todo el mundo, regímenes iliberales o abiertamente autoritarios han hecho de la “soberanía nacional” y la representatividad de las mayorías políticas convenientes pretextos para evadir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En México, esa tendencia se manifiesta a través de reformas constitucionales y legales que buscan debilitar, cada vez más, los mecanismos de control judicial y vigilancia internacional.
Esta nueva modificación amenaza con desmantelar las conquistas de varias décadas en el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales, en México y en el continente. Nuestro país ha sido un actor protagónico en la consolidación del SIDH. Ha contribuido con jurisprudencia emblemática, distinguidos juristas y un compromiso permanente con la protección internacional de los derechos.
Despreciar ese legado y abandonar el sistema internacional de DD. HH. representaría un retroceso histórico para nuestro país. Implicaría reducir los mecanismos de protección para las y los mexicanos, pero también debilitar la arquitectura jurídica e institucional que ha sido crucial para la defensa de los derechos en el hemisferio durante más de medio siglo. Sacrificar los derechos en aras de un autoritarismo disfrazado de voluntad popular mayoritaria.
Diputada federal
