Este mes comenzó la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de educación básica para el ciclo escolar 2023-2024. Dichos libros han sido objeto de irregularidades y omisiones de las autoridades educativas, que ponen en duda la legalidad y la legitimidad de su proceso de diseño, edición y elaboración.
En primer lugar, la impresión de las versiones finales inició sin que se hubiera cumplido el proceso establecido en la Ley General de Educación y en el Acuerdo correspondiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que contemplan la consulta a docentes y padres de familia. En segundo lugar, la filtración de algunas versiones digitales ha evidenciado graves errores e insuficiencias en el contenido de los libros. Si fuera poco, ante una solicitud de información, la SEP decidió reservar por cinco años la información sobre las asambleas llevadas a cabo en el contexto del proceso de consulta de los nuevos materiales educativos.
El Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria –publicado el 19 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación– estableció que, durante el ciclo escolar 2022-2023, se realizarían pruebas piloto en escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país, con el fin de trabajar en el contenido de los planes de estudio y de los libros. Un proceso por etapas que incluía las sugerencias de escuelas y colectivos docentes para ajustar y retroalimentar contenidos y procesos de aprendizaje, a partir de las cuales se concretarían las propuestas definitivas.
Sin embargo, no hay evidencia pública de los resultados de esas pruebas piloto, ni de ninguna consulta o evaluación especializada. Tampoco se han publicado los planes de estudio de cada grado de educación básica, en los cuales debería sustentarse el contenido de los libros. No hubo ninguna presentación oficial de los nuevos libros. Se diseñaron, editaron e imprimieron con total opacidad.
En mayo, la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió las suspensiones provisional y definitiva derivadas de un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia para detener temporalmente su impresión, con el fin de verificar que se hubiera cumplido con el procedimiento previsto por la ley. Gracias a este mandato judicial, entidades como Jalisco o Guanajuato han retrasado o suspendido la distribución de los materiales educativos para el ciclo que está por comenzar.
En ese contexto, presenté una proposición con punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente, solicitando a la titular de la SEP un informe sobre los resultados de las pruebas piloto, detalles sobre el proceso de elaboración de los libros, así como la metodología para la selección de contenidos de los nuevos materiales educativos. La propuesta no se ha discutido en la comisión correspondiente.
El pasado 22 de julio, la Dra. Alma Maldonado, especialista en educación, promovió una petición en Change.org para detener la distribución de los nuevos libros. Entre las razones que sustentan su petición, destaca la desaparición de los libros de asignaturas específicas en primaria y secundaria,
que pretenden ser sustituidos por dos libros de referencia, así como tres de proyectos interdisciplinarios entre los cuales las y los maestros podrán elegir cuál llevar a cabo. Hasta el momento, la petición ha acumulado más de 16 mil firmas de respaldo.
Durante más de seis décadas, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ha brindado materiales educativos de primera calidad para niñas, niños y adolescentes de todo el país. Libros elaborados por especialistas en todas las áreas, con la participación de las y los docentes, que han acompañado la formación básica de varias generaciones, incluida la mía, la de mis padres y la de mis hijos.
Hoy, como nunca, la calidad de los libros de texto gratuitos está en grave riesgo. Y, con ello, está en riesgo la educación de las y los niños niñas y adolescentes mexicanos. Es momento de exigir cuentas.
Senadora de la República