En junio pasado, en estas mismas páginas (Chiapas en discordia (eluniversal.com.mx)), advertía que la expansión del crimen organizado y la incapacidad de las autoridades frente a su violencia ponía a Chiapas en peligro de entrar en una espiral de ingobernabilidad con alcances desconocidos. En agosto (El Estado amenazado | El Universal) señalé que, en distintas regiones, las organizaciones criminales habían desplazado a los gobiernos en sus funciones más esenciales, como el control territorial y la administración de la economía.
Lo que hasta hace no mucho tiempo era un problema muy grave, pero hasta cierto punto aún contenible, hoy es una crisis desbordada en entidades como Guerrero, Michoacán o Zacatecas, donde el Estado está prácticamente derrotado, reemplazado de facto por los delincuentes, y donde comunidades enteras son rehenes dejados a su suerte y al capricho de los criminales.
En Guerrero, la situación es tan grave que ha obligado a líderes religiosos a actuar como intermediarios entre grupos delictivos para intentar frenar la violencia de sus disputas territoriales. La iniciativa de los obispos guerrerenses es una medida desesperada ante una criminalidad empoderada y un Estado impotente, como ejemplifica el trágico caso de Taxco: de un momento a otro, se paró el transporte público, se cerraron los comercios y se suspendieron las clases durante varios días. La tregua, pactada con la mediación de los prelados, se rompió este lunes, cuando un enfrentamiento entre sicarios dejó al menos 17 muertos en San Miguel Totolapan.
De hecho, Guerrero es actualmente la entidad más peligrosa para los funcionarios, políticos y aspirantes a cargos de elección popular, quienes cotidianamente reciben agresiones que van desde el secuestro hasta los atentados armados. Hace unos días, la camioneta del alcalde de Taxco fue atacada con granadas. Y hasta ahora se han registrado al menos ocho asesinatos en el contexto de los comicios; cuatro de las víctimas eran aspirantes a candidaturas de elección popular.
En Zacatecas, la semana pasada una serie de asesinatos de servidores públicos y empresarios vinculados a la clase política local puso a dicha entidad nuevamente en el centro de la discusión pública. En realidad, desde hace varios años ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre grupos delictivos. Uno de los saldos más estremecedores es que, pese a ser uno de los estados con menos habitantes del país, ocupa el sexto lugar nacional por desapariciones en términos absolutos, y registró 47 personas desaparecidas y no localizadas por cada 100 mil habitantes en 2023.
La situación en Guerrero y Zacatecas muestra lo que sucede cuando el crimen organizado derrota al Estado e impone su ley. Esta vez ya no se trata de una advertencia oportuna, ni siquiera de una alerta inminente, sino de una realidad que ha sometido regiones enteras y se expande inexorablemente a todo el país, mientras las únicas respuestas oficiales oscilan entre insistir en fórmulas que han demostrado su fracaso e incluso la permisividad y la claudicación deliberadas.
En México, a menos de 200 kilómetros de su capital, de la sede de los poderes de la República, hay comunidades donde no existe el Estado, donde nada ni nadie es capaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad para las personas, ni el acceso a sus derechos más esenciales. El riesgo que enfrentamos ahora es la posible metástasis de la crisis hasta un punto generalizado y sin retorno.
Senadora de la República
