La marcha ciudadana para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) fue un éxito, pero la batalla por la democracia aún no termina. El gobierno federal intentará someter, o al menos debilitar lo más posible al INE antes de las elecciones de 2024. Por dos razones: para poder cometer actos de campaña ilegales con impunidad, como quedó demostrado en la marcha lopezobradorista de este domingo: acarreo y compra de voluntades con dinero público; presión a trabajadores y condicionamiento de programas sociales; uso de medios de comunicación oficiales para propaganda, entre otros hechos. En segundo lugar, para que, si el voto les desfavorece, desconozcan los resultados, como lo han hecho por 20 años, sólo que ahora lo harían desde el poder.
En este sentido, la marcha del 13N cumplió un objetivo central, al menos hasta este momento: la exigencia de que la fuerza ciudadana se convirtiera en una fuerza legislativa, que impida la contrarreforma electoral en la Constitución, con la que el gobierno pretendía controlar al árbitro electoral y disminuir la pluralidad política. Sin embargo, al oficialismo aún le quedan al menos tres formas de intentar desvirtuar el sistema electoral actual.
La manera más inmediata es reformar leyes secundarias (a lo que el gobierno llamó el “plan B”), para lo cual no necesitan mayoría calificada. Algunas de estas reformas violarían la Constitución y se podrían combatir en la Suprema Corte, pero otras podrían sostenerse. Por ejemplo, pueden eliminar unidades técnicas, direcciones ejecutivas o diluir las facultades legales que permiten al INE fiscalizar el gasto en campañas. También es posible alterar los criterios para seleccionar a las personas aspirantes a formar parte del Consejo General, y facilitar que lleguen perfiles afines al gobierno. Asimismo, se podrían modificar las infracciones y las sanciones mismas en la ley electoral.
En segundo lugar, el próximo año se renovarán cuatro Consejeros del INE, incluyendo al Consejero Presidente. Si bien la Cámara de Diputados los elige por mayoría calificada, hay un detalle trascendental: las candidaturas son preseleccionadas por un comité evaluador, donde el oficialismo probablemente tenga mayoría, ya que se integra por miembros de la Junta de Coordinación Política (controlada por el gobierno), la CNDH (también al servicio del presidente) y el INAI. Éste último organismo es aún independiente, pero en todo caso está en minoría. En pocas palabras, los Consejeros que integren cada quinteta pueden ser afines a la mayoría oficialista y, en caso de no lograrse una mayoría calificada, las candidaturas se insacularían.
Finalmente, el oficialismo seguramente usará su mayoría para seguir recortando recursos al INE. El objetivo es que, si no pueden cooptarlo, lo debiliten para impedirle hacer su trabajo, intentar deslegitimarlo ante la ciudadanía y alegar fraudes si no les gustan los resultados. Esto ya ha pasado: cuando el gobierno quiso hacer su consulta de revocación de mandato, le negó recursos al INE para poder acusarlo injustamente de sabotear el procedimiento.
El 13 de noviembre se dio un paso muy importante para amalgamar una coalición ciudadana en defensa de nuestra democracia electoral, pero eso no quiere decir que el fin del camino esté cerca. Es necesario que organizaciones civiles, partidos de oposición y, por supuesto, las y los legisladores en ambas cámaras estemos muy pendientes de los próximos embates. La lucha aún no termina, porque la democracia se debe defender todos los días ante las acometidas de quienes quieren vulnerarla. Frente al autoritarismo, la resistencia desde el ejercicio cotidiano de una ciudadanía libre, informada, vigilante y exigente.
