En el camino hacia el proceso de revocación que se llevará a cabo en próximos días, el oficialismo ha avanzado por un sendero que pone en riesgo al instrumento mismo, al desvirtuar su naturaleza ciudadana mediante la evasión de las disposiciones que limitan la participación de actores y partidos políticos, de acuerdo con lo señalado en la Constitución y en la Ley de Revocación de Mandato. En el último episodio de este intento por infringir las normas jurídicas, se encuentra el Decreto por el cual se pretende imponer una ‘interpretación auténtica’ del concepto de propaganda gubernamental.
La Ley Suprema señala que al iniciar el proceso de revocación de mandato – al que deshonestamente algunos simpatizantes y adherentes al oficialismo llaman de ‘ratificación’– queda prohibido que las y los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno emitan declaraciones para favorecer el voto a favor o en contra de cualquier sentido de la decisión ciudadana, por razones de imparcialidad en la gestión pública.
En lo que va del proceso, funcionarios, legisladores e, incluso, gobernadores, que han participado de forma activa en la consulta sobre revocación han sido denunciados ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que ha ordenado suspendan ese proceder. Es atribución del INE conocer de esas conductas, investigarlas y hacer que se cumpla la ley, lo que le ha acarreado una serie de infundios y denostaciones por parte de quienes, por su cargo, están impedidos para hacer propaganda.
Con estos antecedentes, Morena y sus aliados intentaron cambiar el concepto de propaganda gubernamental mediante su “interpretación”, a fin de evitar que las expresiones de las personas servidoras públicas fueran consideradas como tal, de forma que pudieran hacer “campaña” en favor del Presidente de la República. Las oposiciones advertimos a la bancada de Morena que su ‘interpretación’ viola la Constitución; y más aún, que al estar ellos denunciados ante la autoridad, justamente por violar la disposición constitucional de no hacer propaganda, se acreditaba que buscan impunidad.
Esta pretensión por cambiar las reglas de la revocación de mandato, una vez iniciado el proceso en marcha, representa una importante afrenta para el orden normativo nacional y, sobre todo, para los instrumentos que rigen el acceso y ejercicio del poder público. En un Estado que se precia de ser democrático, es una premisa esencial que las reglas se fijen con anterioridad, a fin de permitir a los actores participar en igualdad de condiciones.
En defensa de esta premisa, y dado que el dictamen de interpretación auténtica fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso, el 29 de marzo el TEPJF resolvió declararlo inaplicable, “porque no se realiza una interpretación auténtica del concepto “propaganda gubernamental”, sino pretende establecer una excepción a la prohibición de su difusión durante el desarrollo de un proceso electoral o de revocación de mandato”, lo cual es claramente violatorio de la Constitución. Es decir, se impuso un dique a la intención de cambiar la ley a conveniencia.
Las determinaciones del INE y las resoluciones del TEPJF dan muestra de la importancia que tiene su actuación ante los intentos de actores políticos por movilizar recursos humanos, materiales, financieros en pos de incidir en un proceso que debiera tener como único actor decisivo a la ciudadanía. La propaganda gubernamental no tiene cabida en un proceso como éste, donde las decisiones de una sociedad plural deben venir siempre desde la autonomía ciudadana y el respeto a la legalidad.
Senadora de la República
