Como cada año, el Senado de la República llevó a cabo el análisis del informe de gobierno del Ejecutivo Federal que prevé la Ley Orgánica del Congreso en cuatro grandes rubros: política interior, política exterior, política económica y política social. En ese contexto, además, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Bienestar comparecerán ante el Pleno de la Cámara Alta en los próximos días, como lo hizo el secretario de Hacienda y Crédito Público, para ampliar la información recibida y responder cuestionamientos.
El artículo 69 constitucional establece que, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente debe presentar un informe en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. El Congreso debe analizarlo como parte del control de la gestión gubernamental y las comparecencias son una gran oportunidad para el diálogo republicano entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En la tradición política del régimen posrevolucionario, la presentación del informe de gobierno, más que una obligación formal, era una verdadera fiesta nacional. El “día del presidente” era de descanso obligatorio para los mexicanos. El titular del Ejecutivo desfilaba ante la ciudadanía. Y acudía a la sede del Congreso para dirigir, con solemnidad, un mensaje a la nación. Y quien presidiera la Cámara de Diputados respondía con una intervención. El ejercicio se transmitía en cadena nacional.
Durante el proceso de apertura política que garantizó la representación de los partidos opositores en el Congreso, la presentación del informe adquirió un nuevo significado: la presencia del presidente en la sede parlamentaria ofrecía un espacio único para manifestar diferencias, expresar críticas o cuestionar los resultados del desempeño gubernamental. Era, incluso, un espacio para afirmar la libertad de expresión mediante la protesta, como lo hicieron los legisladores de oposición en más de una ocasión.
La última vez que un presidente acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro con motivo de su informe fue en 2005, durante el quinto año de gobierno de Vicente Fox. En 2008, se reformó la Norma Suprema para prescindir de la obligación de que el Ejecutivo asista al Congreso. Desde entonces, el texto constitucional únicamente exige la entrega del informe por escrito.
De esos antecedentes deviene la normatividad vigente sobre el análisis del informe por las cámaras y las comparecencias posteriores para profundizar el debate sobre la gestión realizada, que comprende a los titulares de las secretarías de Estado y a los directores de las entidades paraestatales. A su vez, se cuenta con las preguntas por escrito para solicitar que se amplíe la información contenida en el texto.
Actualmente, la dinámica del análisis parlamentario del informe de gobierno consiste, esencialmente, en una serie de exposiciones de las y los legisladores, en las que expresamos nuestras consideraciones, críticas o cuestionamientos; nuestras coincidencias o diferencias respecto de su contenido. La transcripción de dichas intervenciones se integra en un documento que se envía al Ejecutivo, así como las preguntas por escrito que se formulen.
Sin duda, las sesiones dedicadas al análisis del informe son valiosas en sí mismas, porque permiten la expresión libre de las distintas visiones representadas en las cámaras. Sin embargo, el formato vigente no ofrece ningún espacio real para la deliberación, ni mucho menos la posibilidad de articular planteamientos concretos –avalados por una mayoría plural– que puedan ser útiles para el gobierno.
La ausencia del presidente en el Congreso para la presentación de su informe, junto con el acartonado formato para su análisis por parte de las cámaras, ha convertido un ejercicio de rendición de cuentas y control de la gestión pública en un simple trámite formal. Recuperar el espíritu del diálogo republicano entre poderes exige revisar el mecanismo vigente. Y construir un modelo mucho más dinámico, efectivo; y, sobre todo, útil para fortalecer el desempeño gubernamental.
Senadora de la República