Esta semana el Instituto Nacional Electoral (INE) cumplió sus primeros nueve años de vida. A la par, concluyeron su periodo constitucional en el Instituto la consejera Adriana Favela, los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama, así como el consejero presidente Lorenzo Córdova. A todos ellos, mi reconocimiento por su labor al servicio de nuestra democracia durante casi una década.
El INE se creó en 2014 como producto de la reforma político-electoral que modificó al Instituto Federal Electoral (IFE), encargado exclusivamente de los comicios federales, para convertirlo en un organismo con atribuciones nacionales, que contribuyera también con tareas propias en los procesos locales a cargo de las autoridades electorales de cada entidad. El objetivo fue garantizar que ciertos componentes como la geografía electoral y el registro de electores se realizaran para todo el país por el INE y que el alto nivel técnico y operativo alcanzado en las elecciones federales se extendiera a las elecciones locales.
No es sorprendente que la confianza pública hacia el Instituto haya pasado de 45% a 76% desde su fundación hasta el día de hoy. Durante estos nueve años, el INE ha estado a la altura de su responsabilidad constitucional. Entre sus logros destaca haber contribuido a consolidar un periodo de estabilidad política y gobernabilidad democrática. El Instituto ha realizado las elecciones federales y participado en comicios locales que suman 331 procesos, todos ellos sin conflictos postelectorales, con 62% de alternancia en los cargos disputados: el porcentaje más alto de nuestra historia.
El INE ha superado desafíos como la aplicación del principio de igualdad de género en la postulación de candidaturas en 2015, gracias al cual hoy tenemos un Congreso paritario. O la coordinación de las elecciones más grandes de la historia, en 2021, en las que se disputaron 500 cargos federales y 20,500 locales de elección popular en 164,500 casillas distribuidas en todo el país, en un contexto marcado por la emergencia sanitaria.
En sus primeros nueve años de existencia, el Instituto organizó una consulta popular y un proceso de revocación de mandato, ha expedido 29 millones de credenciales para votar y creó las condiciones para que diversos grupos en situación de vulnerabilidad ocuparan 65 diputaciones federales.
En 2015, como Canciller, firmé un convenio de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INE, para que los mexicanos que residen en el extranjero pudieran obtener una credencial de elector y sufragar en nuestro país. Este acuerdo no solo restauró los derechos políticos de nuestros compatriotas en el exterior, sino que también les reconoció su identidad como mexicanas y mexicanos.
Hoy el INE, sus logros y la continuidad de sus buenos resultados están en riesgo por una reforma electoral inconstitucional, que pretende desmantelar las capacidades técnicas del Instituto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra. Pero las y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de seguir defendiendo nuestra democracia y las instituciones que la garantizan.
El INE es una institución sólida, ejemplar a nivel mundial, que ha logrado estar a la altura de los retos que plantea una lista nominal de más de 95 millones de electores, en un país tan diverso como el nuestro. Sin embargo, hoy necesita del respaldo de una ciudadanía valiente, comprometida con la democracia, con sus derechos y libertades, que esté dispuesta a defenderlo de las amenazas que enfrenta. Sin elecciones confiables no hay democracia y sin el INE no habría elecciones confiables. En este aniversario, sigamos defendiendo al INE. Y sigamos defendiendo nuestra democracia.
Senadora de la República
