Tras la tormenta política vino la calma, pero la temporada de huracanes está lejos de terminar.
La semana pasada, un grupo de legisladores y otros personajes del oficialismo radical trataron de boicotear el proceso para seleccionar a las cuatro nuevas consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral. Afortunadamente este intentó fracasó; ante la actitud golpista de algunos, en el Congreso se hizo valer la Constitución y la actuación del Comité Técnico.
Gracias a esto, llegaremos a las elecciones de 2021 con un INE integrado por ciudadanos independientes y profesionales, que contaron con el aval de la enorme mayoría -casi unanimidad- de todas las fuerzas políticas en un proceso transparente, legal y legítimo.
Sin embargo, los grupos políticos que desean someter al INE no van a detenerse. Recordemos que antes ya intentaron doblegarlo mediante acciones administrativas; luego quisieron, mediante propuestas legislativas, remover de forma anticipada al presidente del Consejo General y desaparecer a los institutos locales.
El objetivo de estos grupos es claro: cooptar al árbitro electoral, y si no pueden, manchar su imagen para poder argumentar fraude si las elecciones no salen como les gustaría. Por ello, ante su boicot fallido al Consejo hay aún tres formas en que, durante los próximos meses, pueden tratar de descarrilar al INE.
Primero, mediante recortes al presupuesto. La pandemia por la Covid19 seguirá ejerciendo una presión sin precedente sobre la economía y las finanzas públicas, lo cual puede crear la excusa para que la mayoría oficialista decida, unilateralmente, que los recursos electorales no son una prioridad y así se comprometa la operación del INE en 2021.
En segundo lugar, está la crisis sanitaria en sí misma. Si para 2021 no hay todavía una vacuna, y si el gobierno continúa, como hasta ahora, con una estrategia incapaz de contener los contagios, el proceso electoral puede verse severamente afectado. Sobre todo, si se le niegan al INE recursos para que su personal y los ciudadanos que van a votar, cuenten con medidas de protección. Dependiendo de la gravedad de la emergencia, en última instancia no puede descartarse el riesgo de que se plantee posponer fases o acciones del proceso y, en consecuencia, de las elecciones.
En tercer lugar, es previsible que veamos, de parte de los grupos radicales, nuevas campañas, desde redes sociales y medios de comunicación, para intensificar su objetivo de deslegitimar al INE y particularmente al Consejo General, al que no pudieron cooptar. Esta película no es nueva: atacar al árbitro para poder atacar los resultados de antemano. Así, el INE podría encarar el durísimo reto de enfrentar descalificaciones sistemáticas desde el oficialismo, en caso de que el partido en el gobierno no lograse refrendar la mayoría ganada en 2018.
Las pruebas pasadas y futuras nos recuerdan que, a pesar de sus muchos años de existencia, de tener una de las burocracias más profesionales y prestigiadas del país y de ser un referente mundial en materia electoral, el INE es una institución vulnerable a las pulsiones autoritarias, que necesita del respaldo, el acompañamiento y la protección de quienes creemos en la democracia, de la ciudadanía, de todas y de todos. No podemos bajar la guardia en la defensa del INE.
