Estamos a menos de dos meses de las elecciones más grandes en la historia de México. Las campañas comenzaron hace unos días, en un ambiente de extrema polarización. En este contexto, el Instituto Nacional Electoral enfrenta una campaña de desprestigio sin precedente.
Si bien estos ataques se enmarcan en una tendencia de debilitar los órganos autónomos y prácticamente todas las instituciones que puedan constituir un contrapeso al Ejecutivo Federal; en el marco del proceso electoral, representan también un intento de deslegitimar anticipadamente al árbitro frente a un eventual resultado adverso para la coalición en el poder.
El INE es uno de los más grandes logros institucionales de nuestra historia reciente. En tan sólo tres décadas, ha logrado consolidarse como uno de los organismos más eficientes del Estado mexicano, garante de la democracia. Una instancia con plena autonomía que cuenta con un servicio profesional altamente especializado, así como una capacidad de operación envidiable, que le permite organizar los procesos electorales federales en prácticamente todo el territorio nacional, además de recibir los votos de la comunidad mexicana en el exterior.
Gracias al trabajo del INE, con el respaldo de la ciudadanía que participa en la organización de los comicios, tres coaliciones distintas han obtenido el triunfo en las elecciones presidenciales en menos de 20 años; muestra de que hoy es la voluntad ciudadana expresada en las urnas la que determina los resultados de los comicios: una realidad impensable hace algunas décadas.
Sin exagerar, la historia de la construcción institucional del INE es la historia de la transición democrática en México: a medida que se fortalecieron las reglas para garantizar la equidad de las contiendas, se amplió la pluralidad democrática; y mientras más creció la pluralidad en los espacios de toma de decisiones, más se fortalecieron las leyes e instituciones electorales.
Hoy, desde el oficialismo, se acusa al INE de ser un instrumento al servicio de los partidos que gobernaron el país antes de la actual administración. Nada más falso. Todas las reformas electorales que permitieron la creación, la autonomía y la consolidación del instituto electoral fueron procesos impulsados desde la oposición y concretados con la concurrencia y el trabajo de la pluralidad política, incluido el partido que detentaba el poder. La reforma más reciente, de 2014, fue aprobada por un amplio consenso de las fuerzas políticas entonces representadas en el Congreso.
Las instituciones y las normas electorales no fueron una concesión del poder, sino el resultado de una exigencia ciudadana abanderada por las minorías políticas que enfrentaban claras desventajas en los comicios. Gracias a ello se establecieron, e incluso se constitucionalizaron, reglas claras para garantizar condiciones de igualdad en la competencia. En el mismo sentido, eran las exigencias, las críticas y las propuestas de dichas minorías las que permitían seguir fortaleciendo el andamiaje jurídico e institucional de nuestras elecciones.
Hoy, como nunca, el INE no es objeto de críticas, sino de abiertos ataques por parte de un grupo que, paradójicamente, no habría podido triunfar en las elecciones sin la autonomía de la autoridad electoral.
El INE es el baluarte de la democracia en México. Por eso, como siempre, debe cumplir con su responsabilidad constitucional: hacer valer las reglas electorales sin excepciones, independientemente de las presiones que enfrenta. Nuestro deber, como ciudadanas y ciudadanos, es defenderlo ante quienes pretenden deslegitimarlo. En última instancia, defender al Instituto es defender nuestra democracia: una responsabilidad de todas y todos.
Senadora de la República
