Este miércoles, en una jornada de más de 12 horas, el grupo mayoritario en el Senado de la República aprobó una serie de reformas legales para extinguir 109 fideicomisos, que garantizaban recursos para el desarrollo científico y tecnológico, la productividad del campo, la prevención y gestión de desastres naturales y la protección de los derechos humanos, entre otras actividades esenciales para México.
Miles de ciudadanas y ciudadanos se manifestaron, con valentía y con argumentos, en contra de esta decisión, que afecta por igual a familiares de víctimas, periodistas, académicos, a la comunidad artística y a deportistas de alto rendimiento.
Durante semanas, legisladoras y legisladores de oposición nos reunimos con representantes de estos sectores, escuchamos sus testimonios, sus argumentos y sus demandas; ofrecimos nuestro respaldo incondicional, que refrendamos hasta el último minuto de la discusión en el Senado.
El debate parlamentario fue intenso: de un lado, las legítimas exigencias ciudadanas en la voz de la oposición; del otro, la defensa de una consigna que el oficialismo, con honrosas excepciones, decidió respaldar sin reservas.
En la oposición no sólo votamos en contra; también presentamos reservas para garantizar la supervivencia de fideicomisos tan esenciales como el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que respaldaba a víctimas de la delincuencia.
Lamentablemente, la irracionalidad de la fuerza numérica se impuso sobre la legitimidad de las causas ciudadanas. En las siguientes líneas expongo mis razones para rechazar la iniciativa del grupo mayoritario.
Primero. El argumento del gobierno, que los fideicomisos son esencialmente corruptos, fue una excusa para desaparecerlos que no se sostiene en la realidad. Al contrario, éstos están sujetos a diversos mecanismos de auditoria y cuentan con comités técnicos que aseguran que sus recursos se usen de forma adecuada. Es cierto que en algunos casos muy específicos había abusos, pero la solución era corregir esos casos puntuales, no desaparecerlos a todos.
Segundo. Si lo que el gobierno necesitaba eran recursos adicionales para enfrentar la pandemia, como se aseguró, había otras opciones más racionales, antes que privar a los beneficiarios de sus fideicomisos, que eran un mecanismo exitoso. Un ejemplo claro era canalizar dinero de las obras de infraestructura improductivas, como la refinería Dos Bocas o el Tren Maya, que están haciendo perder miles de millones de pesos al gobierno en proyectos con baja rentabilidad.
Tercero. El gobierno dice que lo que antes se otorgaba mediante fideicomisos ahora se dará mediante asignaciones presupuestales. El problema es que esto hace más difícil acceder a los recursos; los hace impredecibles, es decir que puede o no haber dinero en el momento que se necesite; e impide garantizar recursos para proyectos multianuales (como en el caso de los proyectos de investigación científica o la producción cinematográfica) o para situaciones que no se pueden prever (como los desastres naturales).
Finalmente, concentrar este dinero público en el Ejecutivo Federal y optar por asignaciones presupuestales directas y discrecionales, puede degenerar en formas de control político que condicionen la recepción de recursos a la obediencia de los beneficiarios al gobierno.
Precisamente, una de las ventajas de los fideicomisos era salvaguardar la autonomía de gestión, evitando contaminar temas técnicos con intereses políticos.
La defensa de las causas ciudadanas continuará por la vía judicial. La Alianza Federalista de gobernadores ya anunció que promoverá controversias constitucionales ante la Suprema Corte . Sin embargo, resulta preocupante que, nuevamente, el Congreso de la Unión por conducto del grupo mayoritario, se haya convertido en rehén de la visón impulsada desde gobierno, dándole la espalda a su responsabilidad de representar los intereses ciudadanos.
Senadora de la República
