El World Justice Project (WJP) es una organización internacional sin fines de lucro, cuya tarea es evaluar y hacer propuestas para fortalecer el Estado de derecho a nivel mundial. Quizá su instrumento más famoso es el Índice anual para medir el avance, o retroceso, del Estado de derecho en diversos países.
El WJP entiende el Estado de derecho como un sistema que cumple cuatro principios: rendición de cuentas; leyes justas; gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. En este sentido, el Índice anual contempla ocho rubros de medición: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal.
En la medición de este año, México retrocedió y nos situamos muy abajo. Hoy estamos en el lugar 113 de los 139 países incluidos. Más significativo, nos encontramos en el puesto 37 de 40 en la clasificación de países de ingreso medio, y en la posición 27 de los 32 países de la clasificación regional.
Lo más preocupante, sin embargo, son los rubros en los que México se repliega: todo lo relacionado con el espacio cívico, como las libertades de expresión y asociación, la efectividad de la sociedad civil y la prensa como contrapesos al Poder Ejecutivo. En materia de justicia civil y penal se agravó el retraso en los procedimientos. Quizá lo más alarmante es que el tema con el peor puntaje mexicano es el relacionado con la corrupción.
De acuerdo con el WSP, la fortaleza de México es el “gobierno abierto”, rubro donde tenemos el puntaje más alto y ocupamos los lugares séptimo en el ámbito regional y 43 a nivel mundial. Cabe señalar que nuestro avance relativo en gobierno abierto –esto es, la capacidad de los ciudadanos para obtener información pública– es resultado de las instituciones autónomas creadas durante las últimas décadas (como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), que hoy están bajo ataque desde el propio gobierno.
Los resultados del estudio nos invitan a la reflexión. La consolidación de un Estado de derecho robusto es una tarea permanente, que involucra a actores públicos y privados. Instituciones como el INE, el INAI o el INEGI son importantes activos del Estado mexicano que cumplen funciones esenciales para una democracia, como la organización de las elecciones o la garantía de acceso a la información. La sociedad civil organizada ha sido punta de lanza en materias como el combate a la corrupción, la participación ciudadana en la toma de decisiones, el reconocimiento de los derechos de minorías, entre muchas otras causas.
Hoy el panorama es adverso, frente al ascenso de un populismo que no quiere rendir cuentas, ni que haya instancias independientes que exhiban sus abusos. Los organismos autónomos son susceptibles a la captura desde el actual gobierno, que busca minar su independencia para alinear su desempeño con las prioridades de un proyecto ideológico. Las organizaciones sociales también están amenazadas; el ataque más reciente es la miscelánea fiscal aprobada por el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados: entre otras disposiciones, limita la deducción fiscal por donativos a estas organizaciones, que se traduce en un duro golpe económico.
Consolidar nuestro Estado de derecho es un compromiso ineludible, que demanda ampliar las capacidades estatales para garantizar derechos; limitar al poder público para evitar los excesos; prevenir, investigar y sancionar los delitos; rendir cuentas y erradicar la corrupción. Poner a los actores protagónicos de esta agenda pendiente bajo sospecha, o bajo asedio, nos aleja de los objetivos fundamentales.
