Desde el gobierno, se ha lanzado un renovado ataque contra los organismos constitucionales autónomos; esta vez están en la mira, entre otros, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
No es una batalla nueva. Desde 2018 el gobierno se ha dado a la tarea de debilitar a las instituciones autónomas del Estado. Se les ha deslegitimado sistemáticamente (como al INE); se les ha acusado, falsamente, de no cumplir funciones importantes o de ser corruptas (como al Coneval); o se les ha capturado, nombrando al frente a personas cercanas al grupo político oficial (como en la CNDH). Todo esto se apuntala con la excusa de la austeridad, argumentando que son costosas; pero esto también es falso, pues los recursos que se dedican a este rubro no alcanzan ni el 1% del gasto del gobierno.
Sin duda los organismos autónomos son perfectibles, pero no se han propuesto reformas para mejorarlos, porque este no es un asunto de administración pública, sino de política. Se trata de eliminarlos para concentrar más el poder y desaparecer los controles al Ejecutivo; se trata de hacer a un lado a toda instancia que no le responda directamente a Palacio Nacional.
Frente a este escenario, la defensa de los organismos autónomos se topa con un obstáculo mayúsculo: la falta de información. La mayoría de los ciudadanos probablemente no conocen a fondo las funciones –o siquiera la existencia– de muchas de estas instituciones, en buena medida porque su labor, si bien valiosa, suele ser técnica y discreta.
El INAI, por ejemplo, garantiza la transparencia de las acciones gubernamentales, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de la privacidad. Gracias a él, se han hecho públicos casos de posible corrupción que de otra forma no habría sido posible documentar y sancionar. Sin el INAI, en México el gobierno sería juez y parte, decidiendo arbitrariamente cuánta y cuál información puede conocer la ciudadanía.
El IFT regula el aprovechamiento de las redes de telecomunicación y radiodifusión, además de garantizar el acceso equitativo a la infraestructura y los servicios de comunicación, como el internet. Desde su creación, ha logrado reducir los precios de los servicios en 27%; y en el caso de los servicios móviles hasta en 44%, lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos en beneficio de los consumidores.
Hay pues una enorme tarea informativa y pedagógica que hacer, de cara a la ciudadanía, para que se visibilice y socialice el papel que cumplen los organismos autónomos; tanto los resultados que entregan a la sociedad como la función que desempeñan a manera de contrapeso al poder.
En el Senado de la República, la oposición respaldará con firmeza a cada uno de estos organismos ante los intentos por deslegitimarlos o desaparecerlos. Pero para contener las pulsiones autoritarias se requiere que las y los ciudadanos sean aliados en esta causa, que valoren y defiendan activamente a las instituciones de nuestra democracia.
Esto es cada vez más urgente pues, previsiblemente, a medida que se acerquen las elecciones de este año se intensificarán también las descalificaciones contra otro organismo autónomo: el INE, el árbitro ciudadano encargado del proceso electoral.
En última instancia, se trata de contrapesos al poder que son imprescindibles en democracia, y que garantizan el ejercicio de nuestros derechos: verdaderas herramientas de empoderamiento de la ciudadanía frente a las arbitrariedades. Por eso es necesario defenderlos.
Senadora de la República.
