Cada cuatro años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elige una nueva presidencia, de entre los 11 ministros y ministras que la integran. Es una elección que, generalmente, pasa inadvertida para la mayoría de las personas, pero resulta de suma relevancia, pues hablamos de la titularidad del Poder Judicial; el poder que dice la última palabra en los asuntos que tienen que ver con la impartición de justicia. No obstante, la más reciente renovación, el 2 de enero, ocurrió en un contexto político particular: la percepción de que estaba en juego su independencia, lo cual le dio inusitada notoriedad pública.

El gobierno federal ha dejado en claro que ve en el Poder Judicial un obstáculo a sus pretensiones de transformación y que por ello desea el control absoluto. Por eso, desde Palacio Nacional se ha presionado a la Corte para que desconozca la Constitución (como ocurrió con la consulta popular sobre los expresidentes y la “revocación de mandato”). El presidente ataca a los jueces cuando sus fallos, aunque sustentados, no le convienen (como los amparos contra las obras que depredan el medio ambiente o conculcan la seguridad de los proyectos de generación de energía eléctrica con fuentes limpias). Ante el fracaso de la estrategia de seguridad, el gobierno ha querido culparlo por la violencia que padece México. En el extremo, con base en amenazas judiciales, lograron la renuncia de un ministro con quien sentían incomodidad, que después fue exonerado de las presuntas imputaciones. Por ello, había una preocupación fundada de que los intereses del Ejecutivo Federal buscaran incidir en la elección, y así, de facto, influir indebidamente en la Corte. Esto, cuando están pendientes asuntos tan delicados como la inconstitucionalidad de la reforma que transfirió la Guardia Nacional al Ejército o las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos.

Lo que hoy podemos celebrar es que, contra muchos pronósticos, la Corte supo resistir presiones y eligió a una ministra de probada independencia y capacidad, Norma Lucía Piña Hernández. De hecho, es probable que los constantes maltratos del presidente -lejos de amedrentar- activaran los anticuerpos del organismo judicial para defender su independencia y su autonomía. Además, la ministra Piña es la primera mujer que preside la SCJN en sus dos siglos de existencia; un logro sin duda histórico. Más allá del poder simbólico, que importa, se trata de una jurista con convicciones genuinamente progresistas, tanto en materia de género como en libertades civiles y derechos humanos.

Ante el fracaso para cooptar la Corte, el presidente ha querido deslegitimarla como una élite indolente: “¿qué ha hecho la SCJN a favor del pueblo?”, pregunta. Y respondemos: echó abajo el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que era una ventana para el espionaje estatal a los ciudadanos; ha avanzado los derechos de las mujeres; ha evitado la prórroga de personas en cargos públicos más allá de su mandato; ha fortalecido el acceso a los derechos a la vivienda y al trabajo dignos; y ha velado por el respeto de los derechos humanos en procesos penales, que afectan sobre todo a los más pobres, entre muchas otras acciones que garantizan las libertades de las y los mexicanos.

Pero lo que más molesta al gobierno es que la Corte es un contrapeso a su afán autoritario: entre 2018 y 2022 la SCJN ha revisado al menos 22 acciones que violaban la Constitución.

Desde la absurda medida para privar del trabajo honrado a funcionarios públicos hasta reclamos por la costosa y contaminante política energética.

En nuestro día a día, la mayoría de los ciudadanos no suelen prestar atención a la Corte, pero es una de nuestras instituciones más valiosas: sostiene el imperio de los derechos y libertades que damos por hecho; contiene los abusos del poder; es nuestra última instancia para buscar justicia. Y para hacer todo eso, necesita ser independiente de partidos y de gobiernos, pero también libre de sesgos y prejuicios ideológicos. Valoremos lo que aún funciona en nuestro país. Por hoy, la presidencia de nuestro Poder Judicial está en buenas manos. Ahora, seamos exigentes para que esto siga así.

Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu)
Senadora de la República