El pasado fin de semana, México se convirtió en el cuarto país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer-BioNtech contra la Covid-19, que comenzará a administrarse al personal de salud en los próximos días. Con esta noticia, se vislumbra la salida a la peor crisis sanitaria en el último siglo; no obstante, la existencia de la vacuna es sólo la mitad del camino: el reto ahora es que ésta llegue a todas las personas.
En nuestro país, el gobierno federal tomó la decisión de centralizar totalmente la estrategia, rechazando la participación tanto de las entidades federativas como del sector privado en la compra, distribución y aplicación de las vacunas. Esta determinación conlleva riesgos y limitaciones.
En primer lugar, se trastoca el orden jurídico. La legislación sanitaria establece claramente que nuestro sistema de salud está constituido por dependencias públicas, tanto federales como locales, así como por personas físicas y morales de los sectores social y privado que prestan servicios de salud. Uno de sus objetivos es, precisamente, impulsar la descentralización de los servicios de salud para ampliar su cobertura y elevar su calidad y su eficiencia.
Al mismo tiempo, se está yendo contra la experiencia histórica, exitosa, de colaboración entre órdenes de gobierno en materia de salud. Desde la década de 1980, cuando se emprendió la descentralización del sector en México, las autoridades estatales han participado en la aplicación de programas de vacunación, generando buenos resultados que no hubiesen sido posibles de actuar el gobierno federal en solitario, mismos que han permitido a nuestro país ser un referente internacional en la materia.
Un tercer cuestionamiento a la estrategia es la negativa a que el sector privado participe en la compra y comercialización de la vacuna. Si esto se permitiera, se aceleraría la distribución y con ello el proceso de inmunidad colectiva. Además, esto no significaría que el Estado renunciara a su responsabilidad pública. Por ejemplo, a los sectores que pueden pagar el tratamiento privado se les podría aplicar un impuesto al mismo, a fin de que el gobierno cuente con más recursos para adquirir mayores dosis de distribución gratuita para el grueso de la población. Con distintos mecanismos, la coordinación púbico-privada redundaría en un mayor beneficio para el país.
Además, es necesario vigilar escrupulosamente que la estrategia de vacunación no sea utilizada con propósitos electorales. Si el Ejecutivo Federal es la única autoridad responsable de la administración de vacunas, y su calendario empata con el de las campañas, se abre la posibilidad del uso electoral de la estrategia, algo que en ninguna circunstancia debería permitirse.
Se ha argumentado que la vacunación es un tema de interés público general, un asunto de Estado e incluso de seguridad nacional. Coincido con esa apreciación. Precisamente por eso debemos apostar por la cooperación, la coordinación y la colaboración para aprovechar los recursos, la infraestructura y el personal en los tres órdenes de gobierno y en los sectores público y privado. La meta es que más mexicanas y mexicanos estén protegidos contra la Covid-19 en el menor tiempo posible. Cumplir con este propósito debe ser una responsabilidad compartida.
Senadora de la República
