En México, los integrantes del Congreso Federal se eligen de distintas formas. Entre las 500 personas que integran la Cámara de Diputados, 300 se eligen directamente en cada uno de los distritos en los que se divide el país, mientras que 200 se asignan proporcionalmente entre las fuerzas políticas con base en su porcentaje de votación nacional, es decir, por representación proporcional.
La representación proporcional es resultado de una serie de cambios constitucionales y legales que se hicieron con el propósito de reflejar la pluralidad de nuestro país en la pluralidad del Congreso. Las reformas electorales de 1977, 1986, 1993, 1994 y 1996, que sentaron las bases para la transición democrática.
Durante décadas, las normas se adaptaron para garantizar que la representación de las fuerzas políticas en las Cámaras fuera más fiel a la votación popular en las urnas: que cada voto valiera lo mismo. Con esa convicción, se establecieron límites para que ninguna fuerza política pudiera obtener una mayoría lo suficientemente grande para hacer cambios constitucionales sin el consenso de la pluralidad.
Uno de esos límites consiste en que ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputados electos por ambos principios. El otro, en que ninguna fuerza política puede tener un porcentaje de curules que supere en más de ocho puntos su porcentaje de votación. Los dos están establecidos en nuestra Constitución.
En la elección pasada, la coalición de Morena con el PVEM y el PT obtuvo 54% de los votos para el Congreso. No obstante, el oficialismo pretende que se le asignen 74% de los asientos en la Cámara de Diputados. El fondo del asunto radica en la interpretación que las autoridades electorales hagan de los límites constitucionales a la sobrerrepresentación. ¿Deben aplicarse estos límites a las coaliciones en su conjunto o a los partidos que las integran? La Constitución se refiere a partidos, no a coaliciones.
En ese contexto, una interpretación literal del texto constitucional –que considere a los partidos como unidades individuales– permitiría a Morena inflar artificialmente las bancadas de sus aliados para burlar los límites constitucionales a la sobrerrepresentación. Y así, alcanzar una mayoría calificada que no refleje fielmente la voluntad del electorado.
Mientras que una interpretación sistemática, que considere el origen, la historia y los objetivos de las normas como un conjunto, obligaría a las autoridades electorales a asumir que las coaliciones son fuerzas políticas sujetas a los límites constitucionales establecidos para los partidos. Bajo esta premisa, la asignación de curules resultaría en una representación más justa, equilibrada y fiel a la votación de la ciudadanía.
No se trata de un debate estrictamente técnico o jurídico. Es una discusión política fundamental, con profundas implicaciones para el funcionamiento de nuestra democracia. Una mayoría calificada artificial en el Congreso otorgaría a la coalición gobernante un poder desmedido para aprobar prácticamente cualquier cosa sin el acuerdo de las minorías, incluidas las reformas constitucionales.
En suma, la pretendida sobrerrepresentación atenta contra el principio democrático de que el voto de cada persona tiene el mismo valor. En los hechos, el voto de algunos ciudadanos tendría más peso que el de otros debido a la interpretación de las reglas, comprometiendo la igualdad política propia de un régimen democrático.
Es cierto que en otros comicios las autoridades electorales han aplicado los límites constitucionales a los partidos y no a las coaliciones. Sin embargo, también es cierto que nunca se había presentado un escenario en el que el porcentaje de sobrerrepresentación de una coalición pudiera ser tan alto: prácticamente veinte puntos porcentuales.
Sobre todo, desde que las normas actuales están vigentes, nunca una mayoría había desdeñado tanto a las minorías. Eso también es inédito: la convicción antidemocrática del oficialismo actual. Su desprecio por la pluralidad política, su negación de la legitimidad de las oposiciones y su rechazo a cualquier posibilidad de diálogo constructivo.
Por esas razones es tan preocupante que la interpretación que hagan las autoridades electorales permita que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada: porque implicaría concederles un “cheque en blanco” que no les concedió la ciudadanía. En los hechos, la pretendida sobrerrepresentación legislativa del oficialismo es un fraude a la voluntad de los electores que cumplieron con su responsabilidad ciudadana el pasado 2 de junio. Por eso es tan peligrosa. Por eso no la podemos permitir.
Senadora de la República
