La Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrenta a un oscuro panorama. Los ataques por parte del Ejecutivo, su partido y sus legisladores no tienen precedente. Desde la votación en que se determinó la inconstitucionalidad del primer decreto del llamado “Plan B”, todos los medios de difusión del gobierno han focalizado su condición de instrumentos de propaganda en atacar a las y los ministros. De otra cuerda, en la sesión de esta semana de la Comisión Permanente, el presidente de su Mesa Directiva utilizó la tribuna para acusar supuestas amenazas por parte de la ministra presidenta Norma Piña, sin más evidencia que un supuesto intercambio de mensajes a través de WhatsApp.
En las próximas semanas, el máximo tribunal tendrá que resolver nuevas controversias, que lo volverán a colocar en el centro del debate político nacional. Y en el blanco de la ofensiva gubernamental. Además de la discusión de asuntos como el segundo decreto de la reforma electoral, la oposición en ambas cámaras del Congreso de la Unión prepara acciones de inconstitucionalidad contra, al menos, una docena de las reformas aprobadas en el patio de Xicoténcatl la noche del viernes negro, el pasado 29 de abril, sin respetar las normas del debate democrático que exige el proceso legislativo.
Para Morena y sus aliados, cada una de estas deliberaciones será una oportunidad para revivir las imputaciones infundadas sobre la vocación antidemocrática de nuestro tribunal constitucional, los falsos privilegios de las y los ministros, así como para cuestionar su legitimidad como máxima autoridad del Poder Judicial. Y con ello profundizar su campaña de desinformación para buscar desprestigiarlo.
Las declaraciones de invalidez que se produzcan en futuras resoluciones serán aprovechadas por la narrativa presidencial contra ministros, magistrados y jueces; pues se presentará como una supuesta prueba de las extralimitaciones del Poder Judicial, así como de su presunta proclividad a obstaculizar la justicia, incluso a ir en contra de ella. Consignas que, además de ser evidentemente falsas, son fácilmente rebatibles.
Primero, porque lo único que ha hecho la Suprema Corte es cumplir con su responsabilidad de salvaguardar el orden constitucional y el Estado de derecho. Y eso implica invalidar las leyes o decretos que sean contrarios a la Constitución Política.
Segundo, porque el control de constitucionalidad que ejerce el máximo tribunal está muy lejos de ser una decisión minoritaria que se contrapone a la de una mayoría electa en las urnas. Los criterios para invalidar un decreto son tan estrictos que exigen una mayoría calificada que casi raya en la unanimidad: ocho de once ministros deben pronunciarse en el mismo sentido. Además, se olvida que la elección de los integrantes de la Corte es indirecta y está confiada a la propuesta y resolución de quienes han sido electos por el voto directo de la ciudadanía
Con ello en mente, la inconstitucionalidad del “Plan B” es reveladora. Pese a la rigidez de los criterios y la conocida pluralidad de opiniones entre las y los ministros que integran el Pleno, las violaciones al procedimiento en ese atropello constitucional fueron tan evidentes que se alcanzó el voto calificado por la invalidez de la reforma.
Finalmente, el hecho de que la Suprema Corte no sea electa por el voto ciudadano, como ahora pretende el presidente, no significa que sea un órgano antipopular, mucho menos antidemocrático. Recordemos que la Constitución no sólo es la norma fundamental del Estado mexicano, también es el legado intergeneracional, armónico y sistemático de los consensos democráticos que hemos construido a lo largo de sus más de 100 años de vida.
Bajo esta óptica, una de las funciones esenciales de la Corte es salvaguardar los consensos históricos reflejados en el texto constitucional, aun cuando eso implique invalidar una reforma aprobada por la mayoría en turno. Las mayorías son pasajeras, pero la Constitución es permanente.
Las advertencias son claras: el oficialismo no dará tregua en su campaña. Por el contrario, todo parece indicar que veremos una estrategia cada vez más confrontativa. Y liderazgos dispuestos a todo. En un momento tan crítico, la Suprema Corte podría ser la última línea de defensa de nuestra República frente a la deriva autoritaria. Y debemos estar preparados, como nunca, para defenderla.
Senadora de la República
