El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es una de las instituciones más importantes del Estado mexicano. Ejerce una función discreta, pero fundamental para garantizar nuestros derechos: el derecho a conocer la información de los gobiernos para exigirles rendición de cuentas y el derecho a que nuestros datos personales estén protegidos, para evitar abusos.
Gracias al INAI, podemos saber cómo se ejercen los recursos públicos en los tres poderes, en los distintos órdenes de gobierno, así como en los órganos constitucionales autónomos. Si queremos saber qué hacen o en qué se gastan nuestros impuestos, desde las alcaldías hasta la Presidencia de la República, basta con una consulta en línea. Y cuando las autoridades niegan esa información, podemos acudir al Instituto para que intervenga, obligándolas a hacerla pública.
De hecho, algunos de los casos más emblemáticos de corrupción o uso indebido de recursos públicos –en distintos periodos de gobierno y con distintos partidos ejerciendo el poder– se han hecho públicos gracias al INAI.
En el caso de la protección de datos, el Instituto se encarga de garantizar que las empresas, dependencias e instituciones que tienen acceso a información personal, la resguarden debidamente. Por ejemplo, nuestro expediente médico en un consultorio médico, las huellas digitales que registran en nuestra sucursal bancaria, nuestros datos fiscales o esa copia de nuestra identificación que nos piden para realizar algún trámite en prácticamente cualquier dependencia de gobierno. El INAI nos defiende cuando estos datos se comparten sin autorización o alguien hace mal uso de ellos.
Hoy el futuro del Instituto está en riesgo. Desde hace casi un año, el INAI funciona con un pleno incompleto: con sólo cinco de los siete comisionados que deberían integrarlo. Hace dos semanas, en el Senado de la República logramos construir los consensos necesarios para elegir a la comisionada y el comisionado que habrían de ocupar ambas vacantes. Sin embargo, en una actuación sin precedente, el titular del Ejecutivo hizo uso de su facultad constitucional para objetar ambas designaciones.
La gravedad de la situación no es menor. El próximo 31 de marzo concluye el periodo del comisionado Francisco Javier Acuña. Si las designaciones pendientes no se concretan antes de esa fecha, el 1 de abril sólo quedarán cuatro consejeras y consejeros en el Instituto: un número insuficiente para convocar a una sesión del pleno. El INAI estaría prácticamente paralizado, imposibilitado para desempeñar sus funciones y atado de manos para defender nuestros derechos.
El Senado debe cumplir con su responsabilidad para evitar que el Instituto llegue a ese escenario. Por deber constitucional; pero, sobre todo, por convicción republicana. Hoy los órganos autónomos y sus integrantes se enfrentan a ataques, presiones y recortes que ponen en riesgo su funcionamiento. En ese contexto, la mejor forma de respaldar al INAI es atendiendo el mandato de la Constitución para cumplir con nuestro deber impostergable. El plazo se está agotando.
Senadora de la República
