Hace unos días, la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, se convirtió en un indignante símbolo del grado extremo de violencia que padece nuestro país. Sin embargo, tragedias de esa naturaleza han dejado de ser hechos aislados para convertirse en la normalidad cotidiana en las regiones controladas por el crimen organizado.
Una de las características de la criminalidad en México es su fragmentación. Si bien los grandes cárteles mantienen, en parte, estructuras centralizadas, también operan como federaciones integradas por diversos grupos con cierta autonomía, que incrementan la atomización y la dificultad de enfrentarlos eficazmente. Además, en los últimos años los grupos delincuenciales, en muchos casos locales, han buscado diversificar sus fuentes de ingresos y emplear la violencia extrema para apoderarse de áreas estratégicas.
En buena parte del país, las organizaciones criminales no sólo le han arrebatado al Estado el monopolio de la violencia, sino que incluso han llegado a desplazarlo en algunas de sus funciones más esenciales. Hoy la delincuencia controla territorios enteros; participa en la economía –incluso en la formal–; incide en la toma de decisiones; cobra derechos; y ejerce como intermediaria entre distintos factores de poder.
En los procesos electorales, por ejemplo, la intervención de las organizaciones criminales es cada vez más activa y abierta. Las denuncias son las mismas en distintos estados: grupos armados que secuestran equipos de campaña, toman casillas o amenazan a la ciudadanía para favorecer a algún partido o candidato. El crimen organizado se ha convertido en un actor central en prácticamente todas las etapas de los comicios: respalda, impone, condiciona, amenaza e incluso asesina a aspirantes y candidatos. Y participa en la designación de funcionarios cuando “sus” candidatos asumen el cargo.
El crimen organizado también ha adquirido un rol protagónico en el control de las economías locales, a través de actividades como la extorsión o el cobro de derecho de piso. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima que las organizaciones criminales se quedan con 20% de las utilidades de los pequeños comerciantes. Y en las entidades más golpeadas por la violencia, la disputa entre grupos por el control territorial se ha traducido en cierre de negocios, encarecimiento de los productos e incluso desabasto de alimentos.
El Observatorio Nacional Ciudadano ha denunciado el control que ejerce el crimen organizado sobre el mercado legal de productos como el pollo, leche, huevo, refrescos, cervezas, limón, aguacate, entre muchos otros, creando monopolios locales y estableciendo un “impuesto” que pagan los consumidores finales.
En buena parte del territorio nacional la seguridad y la integridad de las personas están bajo amenaza permanente, pero también lo está el poder del Estado para gobernar. Es imperativo hacer frente al crimen organizado y recuperar el control del territorio que se ha perdido. El fracaso de la estrategia de seguridad del actual gobierno es cada vez más evidente, como lo es el hecho de que no podemos seguir por el rumbo de los “ajustes” o parches a la misma.
La situación no cambiará automáticamente con un nuevo gobierno. Es una crisis de fondo, que exige una solución de fondo. El primer paso es reconocer la magnitud del reto que enfrentamos. Convocar a un diálogo amplio y serio para definir una nueva estrategia, con visión de largo plazo y respaldo ciudadano, es indispensable.
Claudia Ruiz Massieu
Senadora de la República
