Este martes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por unanimidad, la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta. El máximo tribunal del país se pronunció a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, sin enfrentar consecuencias penales.
Con esta decisión, la Corte sienta un precedente inédito para proteger los derechos de las mexicanas: esta resolución obligará a todas y todos los jueces a considerar la inconstitucionalidad de las normas penales que criminalicen el aborto en cualquier entidad.
Más allá de sus implicaciones en términos de impartición de justicia, el debate al interior del tribunal constitucional ha revivido el debate público en torno a la necesidad de despenalizar el aborto.
Innegablemente, se trata de un asunto polémico, que aún polariza a la sociedad. Tanto así, que ni siquiera el partido en el gobierno, que públicamente ha defendido la despenalización, se ha atrevido a promover cambios legislativos, aunque tuvieron mayorías en el Congreso Federal durante tres años. Pese al fallo de la Suprema Corte, es aún un tema irresuelto.
Frente a este escenario, se presentan tres grandes opciones. La primera es esperar que la interrupción del embarazo siga siendo objeto de controversias ante el Poder Judicial; que a base de resoluciones se avance en el reconocimiento de derechos que no están plenamente reconocidos en las normas. Esto no deja de ser un paliativo insuficiente, que condenaría a las mujeres a innecesarios y costosos procesos judiciales.
La segunda opción es que el asunto se someta a consulta popular. Si bien parecería la respuesta más “democrática” frente a un tema tan polémico, lo cierto es que es la más peligrosa. No sólo es inconstitucional someter a consulta un asunto de derechos humanos; también se corre el riesgo de que una mayoría arbitraria –o peor aún, una minoría poco representativa, pero organizada– se pronuncie e imponga sobre los derechos de las mujeres. Dejar que la gradería decida emocionalmente sobre la vida de millones de mujeres nunca será una posición liberal.
La tercera es darle un cauce institucional, mediante la instancia de representación política soberana de México: el Poder Legislativo. Ahí, legisladoras y legisladores deberán representar la pluralidad nacional y llegar a un acuerdo. Frente a un tema tan complejo, difícilmente podrá construirse el consenso. No nos engañemos: ninguna solución resultará satisfactoria para todos. Sin embargo, no podemos posponer ese debate más tiempo por el miedo que le tienen muchos políticos a tomar una posición clara y defenderla. Tarde o temprano, la despenalización del aborto tendrá que discutirse a fondo. Y es mejor que sea antes que después, porque este retraso está costando la vida de miles de mujeres, sobre todo las más pobres, que ante la criminalización deben recurrir a tratamientos ilegales, insalubres y peligrosos.
Si bien la legislación penal es de jurisdicción eminentemente local, y la acción desde el Legislativo Federal es limitada, la representación política del Congreso de la Unión sí ofrece un espacio para promover una deliberación racional, con la participación de la sociedad civil, que permita garantizar plenamente los derechos de las mujeres.
Finalmente, lo más importante es que las mujeres no debemos ser criminalizadas por decidir sobre nuestro cuerpo. La interrupción del embarazo es un asunto de derechos fundamentales, de salud pública y de justicia; no de moral, ni de convicciones religiosas, sino de derechos de las personas en un país libre.
Senadora de la República
