México enfrenta una grave crisis de derechos humanos. En el último año, han desaparecido en promedio 27 personas cada día: más de una persona cada hora. La actual administración federal es la que ha registrado más casos de desaparición en la historia. Y la tendencia en aumento de las cifras ha sido constante durante los últimos cuatro años. Desaparecido es un vocablo que no alcanza a contener la tragedia de lo que implica.
Hoy nuestro país suma 111,348 reportes de personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional ordenado por la Ley General dedicada a prevenir y atender estos fenómenos. Las entidades con más reportes son Jalisco, con 14,892 personas; Tamaulipas, con 13,072 casos; y el Estado de México, con 11,586. En 2022 se documentaron 14,375 casos, la cifra más alta desde que se tiene registro. También se registró un récord de mujeres desaparecidas y no localizadas, con 2,474 casos.
Si bien en México no se ha logrado superar el fenómeno delictivo de la desaparición forzada (que implica la participación de autoridades), lo cierto es que la gran mayoría de los registros corresponden a desaparición cometida por particulares: una de las consecuencias de las disputas violentas por el control territorial de los grupos de la delincuencia organizada.
La desaparición de personas no sólo es una grave violación de los derechos humanos, es un atentado contra la sociedad, especialmente cuando el delito queda impune y no existe posibilidad alguna de reparación del daño. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos para atender este problema, solo un mínimo porcentaje de casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%, llega a los tribunales.
El Estado mexicano le ha fallado a las personas. Primero, con su incapacidad para garantizar sus derechos más fundamentales. Y después, a causa de las insuficiencias que impiden localizar a las personas, así como castigar a los perpetradores del delito. Miles de familias viven padeciendo el dolor de la injusticia, además de enfrentarse a la ausencia de un compromiso real de las autoridades para atender la situación.
En buena medida, esto se debe a la debilidad de las autoridades encargadas de prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos delitos. No es un problema de legislación o diseño institucional –que sin duda pueden fortalecerse–, sino un problema de falta de auténtica voluntad política. Existen leyes, instituciones y programas, pero no existen condiciones para su cumplimiento. Hacen falta recursos suficientes, más y mejores capacidades.
Hace unas semanas, el titular del Ejecutivo Federal se inconformó con las cifras publicadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y afirmó que la cifra real era menor e instruyó la realización de un censo, a cargo de la Secretaría de Bienestar con el supuesto propósito de “actualizar los registros”, cuando esa no es su función.
En ese contexto, la reciente renuncia de la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, fue muy reveladora. En lugar de reconocer la existencia de la crisis y establecer acciones para enfrentarla, el gobierno prefiere incumplir la legislación en la materia y hacer uso de las estructuras de la Secretaría de Bienestar para desplegar un esfuerzo con el único objetivo de
disimular la realidad, reduciendo las cifras “oficiales” de desapariciones, con el reporte de que se preguntó “casa por casa”.
Sin embargo, de nada servirá simular números en los informes, si las desapariciones siguen aumentando en los hechos. Lo más grave: la falta de información confiable impedirá dimensionar la magnitud del problema. Sin un registro real y actualizado de los casos de desaparición de personas, se corre el riesgo de hacer aún más difícil la actuación de las instituciones a cargo de prevenir, investigar y sancionar este delito. Para algunas víctimas, el nuevo censo podría significar desaparecer dos veces: una en los hechos, otra en los datos.
La crisis humanitaria que plantea el aumento desmedido en la desaparición de personas debe ser uno de los temas prioritarios para el Estado mexicano. Es un asunto urgente, que no puede ser postergado, ni mucho menos ignorado.
Claudia Ruiz Massieu
Senadora de la República