El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen rasgos comunes: tanto el Consejo General del INE como el Pleno de la Corte se integran por 11 personas, que llegan a su cargo mediante procesos que exigen cumplir una serie de requisitos formales y el respaldo de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados o en el Senado, respectivamente. Sus cargos duran varios años y se renuevan en forma escalonada, para garantizar una integración que no se superponga con los tiempos político-electorales de un sexenio. Las decisiones de ambos son colegiadas y dependen del número de votos que acompañen a los argumentos.
Ambas son instituciones cruciales para nuestro Estado democrático de derecho, pero a su vez son muy distintas entre sí.
El INE, con autonomía de los poderes, organiza las elecciones federales y colabora con las autoridades electorales locales para los comicios en las entidades federativas. En unas y otros tiene funciones nacionales, como proveer el registro de electores o hacer la cartografía electoral, entre muchas otras. Su rol es técnico y especializado para garantizar la libertad de voto y la igualdad de la efectividad del sufragio.
No obstante su nivel de especialización, el INE es muy popular entre la ciudadanía. La encuesta del pasado noviembre de Parametría le dio 76% de aprobación: un máximo histórico. Su buena fama no es casual: el Instituto expide la credencial que usamos diariamente para identificarnos. Cada tres años selecciona, capacita y organiza a la ciudadanía que estará a cargo de recibir, contar y registrar los votos en las casillas. Durante las jornadas electorales, bastan un par de horas tras el cierre de las urnas para que el INE anuncie los resultados de su conteo rápido: tendencias que, gracias a su rigor estadístico, se confirman horas más tarde con la publicación de los resultados preliminares y luego con los cómputos distritales.
La SCJN, por su parte, es la cabeza del Poder Judicial de la Federación: nuestro máximo tribunal, a cargo de defender el orden constitucional, mantener el equilibrio entre los poderes y órdenes de gobierno, así como de velar por el imperio de los derechos humanos en las controversias de mayor trascendencia para nuestra sociedad: como las relacionadas con la interrupción legal del embarazo o el uso adulto del cannabis.
Pese a tratarse de una institución esencial para garantizar el reconocimiento y ejercicio de nuestras libertades, la SCJN no tiene la popularidad ni el respaldo ciudadano del INE. No tendría por qué ser de otra manera. Es entendible: su trabajo, aunque impacta poderosamente en nuestra vida diaria, es discreto y la mayoría de las veces no suele notarse mediáticamente. Como dijo la ministra presidenta Norma Piña: toca guardar silencio y escuchar para actuar.
Hoy el Pleno de la Corte tiene en sus manos, ni más ni menos, el futuro de la democracia en nuestro país. En los próximos días, la oposición en ambas cámaras del Congreso Federal, distintos partidos políticos, algunos gobiernos locales, así como el propio INE, estaremos impugnando ante la SCJN el decreto del llamado “Plan B”, a través de los medios que tenemos a nuestro alcance, como la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional.
En este contexto, la ciudadanía que salió a las calles para defender al INE ahora debe estar dispuesta a defender la independencia judicial. Es momento de expresar nuestra confianza en las ministras y ministros que resolverán esas impugnaciones. Hay quienes ya enfrentan fuertes presiones e incluso amenazas alimentadas desde el poder público, como es el caso de la ministra presidenta. Con ella, toda mi solidaridad.
El 26 de febrero, cientos de miles de personas nos concentramos en el Zócalo de la Ciudad de México y en más de cien ciudades para defender la democracia, expresar nuestro rechazo a la reforma electoral oficialista y afirmar el valor de la judicatura suprema para que la Constitución sea respetada. Ahora nos toca decirles que la ciudadanía organizada los respalda y sabe que no van a claudicar en la tutela de nuestras libertades democráticas. Ministras y ministros: estamos con ustedes.
