El pasado 4 de julio participé en la presentación del último informe de la organización Causa en Común sobre la Guardia Nacional, con motivo del cuarto aniversario de su entrada en funciones: Guardia Nacional: 4 años de una definición militarista. El documento analiza críticamente la función de la Guardia Nacional como columna vertebral del proyecto del presente Gobierno Federal para dejar la seguridad pública en manos militares, hace un balance de su desempeño y ofrece una serie de propuestas para atender algunas de las insuficiencias que han caracterizado su actuación. Entre los hallazgos más relevantes, destaca que 71% de los elementos que conforman la institución provienen de la SEDENA o la SEMAR y que únicamente el 49% tienen el certificado único policial.
El saldo de los cuatro años de operaciones de la Guardia Nacional difícilmente podría ser más negativo. Durante la actual administración la expresión de la violencia atada a los homicidios dolosos es la más elevada de la historia del México contemporáneo, con más de 156,000 víctimas acumuladas, a más de un año de concluir. La crisis de desapariciones se ha exacerbado hasta proporciones antes inimaginables al superar las 100,000 personas desaparecidas. El control territorial del crimen organizado se ha extendido, calculándose que comprende el 35% del territorio nacional. Estas cifras no sólo muestran que la Guardia Nacional no ha cumplido con sus objetivos, sino que su errático despliegue no se corresponde con la realidad de las entidades. Por ejemplo, mientras en Zacatecas hay un despliegue de 1,402 elementos, en Tlaxcala hay 1,848. Además, la presencia de la GN no ha disminuido la violencia y las violaciones a derechos humanos, que de hecho han aumentado.
La irresponsable apuesta de este gobierno por la militarización desmedida no ha hecho más que alejarnos de la paz que todas y todos anhelamos. Esta paz exige la construcción de un modelo de seguridad civil. Sin embargo, entre más tiempo transcurra con la Guardia Nacional militarizada como columna vertebral de la estrategia nacional de seguridad, más difícil será reorientar el rumbo hacia un esquema civil, eficiente y sostenible en el largo plazo.
Estos cuatro años de Guardia Nacional han sido útiles para ilustrar la falsedad del dilema entre seguridad y derechos humanos. El esquema militarista ha operado en perjuicio de nuestros derechos y libertades civiles, a cambio de escasos resultados en seguridad ciudadana y paz pública. Hasta el momento, los controles y mecanismos de vigilancia, supervisión y rendición de cuentas a los que están sujetos los integrantes de la Guardia siguen siendo insuficientes. Y no se ha diseñado una estrategia de salida de los elementos militares mientras se fortalece a los cuerpos policiales.
En estos años también hemos sido testigos de los intentos por cambiar la naturaleza civil de la Guardia Nacional y transitar de una participación complementaria y temporal de las Fuerzas Armadas hacia una supletoria y permanente. Los ejemplos más claros son la reforma para trasladar el control operativo de la Guardia a la SEDENA, declarada inconstitucional por la Suprema Corte; así como la reforma con la que se extendió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de 2024 hasta 2028.
En este contexto, el desempeño global de la Guardia Nacional ha eludido el carácter civil de nuestra República, que debe preservarse por principio, por congruencia, por respeto a la Constitución y hasta por conveniencia.
Es urgente establecer nuevos consensos nacionales que nos permitan construir las instituciones necesarias para sustentar una paz duradera. Instituciones fundadas en la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos no son términos opuestos, sino complementarios, y se fortalecen mutuamente. Sin respeto a los derechos humanos no hay seguridad y sin seguridad no hay respeto a los derechos humanos. La Guardia Nacional no ha logrado contribuir a ninguno de los dos.
Claudia Ruiz Massieu
Senadora de la República
