El viernes pasado ocurrió el ataque más grave contra la democracia mexicana desde la transición. Esa noche, el oficialismo secuestró el Senado y, en una improvisada sesión llevada a cabo en un patio, sin la oposición, impusieron una avalancha de 2 reformas constitucionales y 18 legales. Hubo una hora, alrededor de las 2 de la madrugada, en la cual aprobaron cinco dictámenes: uno cada 12 minutos. Muchos senadores ni siquiera habían leído ni conocían lo que estaban votando.

Varias reformas serán de suyo dañinas para el país, como la que extingue a la Financiera Rural, la que militariza el espacio aéreo o la que menoscaba al CONACYT. Pero hay algo aún más preocupante: este asalto fue un ensayo para gobernar por decreto, por encima del Congreso. En los hechos, se busca anular a las oposiciones democráticamente electas y no sólo restaurar el régimen de partido único, sino el país de un solo hombre.

Es un error creer, como lo hace el oficialismo, que la oposición es fundamentalmente antagónica al gobierno; en realidad es parte del gobierno, en su sentido más amplio. El papel de la oposición en una democracia no es tanto obstruir como complementar: ofrecer alternativas, visiones y acciones distintas a las del Poder Ejecutivo, para enriquecer las soluciones posibles a los problemas comunes. Claramente no basta ser un contrapunto al partido en el poder, sino abrir otros horizontes. Al proponer y deliberar plantea el debate que legitima.

Más aún, en democracia la oposición tiene la función esencial de representar a los ciudadanos y grupos cuyos intereses no están siendo tomados en cuenta por el Ejecutivo en turno. Sin oposición no seríamos una nación entera. A veces el lenguaje es engañoso. En México hoy se dice que la oposición es “minoría”, y es cierto, pero es una minoría que representa la voz de millones de personas, con los mismos derechos que quienes votaron por la mayoría actual.

Además, la oposición es indispensable para la convivencia democrática. En los sistemas donde ésta no es reconocida, como las dictaduras o los fascismos, las únicas alternativas para disentir suelen ser la violencia, el exilio o la muerte. En un régimen donde el voto de la ciudadanía decide, la oposición legal significa la posibilidad permanente de cambiar el poder de forma civilizada, de construir nuevas mayorías, de habitar juntos con objetivos comunes en medio de nuestras diferencias.

Por supuesto, muchas veces la oposición debe, literalmente, oponerse a decisiones o acciones del gobierno que considere perjudiciales, o para las cuales puede ofrecer una mejor alternativa. Pero de nuevo, eso no es obstrucción, es el contraste necesario que necesita una sociedad plural para ser democrática. De hecho, muchas veces en el Senado las oposiciones y el oficialismo hemos construido acuerdos, que incluso hemos votado en unanimidad, como las reformas constitucionales para establecer la Guardia Nacional en 2019, en materia de paridad, o las legales sobre las vacaciones dignas, entre muchas otras.

Es cierto, la oposición debe respetar cuando las mayorías no la favorecen y reconocer la legitimidad del partido mayoritario. Sin embargo, es camino de ida y vuelta. A su vez, la legitimidad no es absoluta ni permanente. Por eso la oposición no debe, no puede resignarse a permanecer maniatada ni a llevar una existencia protocolaria en el devenir político del país. No me cansaré de decirlo: la oposición es legítima, la oposición es deseable, la oposición es necesaria.

Con el albazo que los senadores oficialistas protagonizaron la semana pasada, tras ir a recibir instrucciones a Palacio Nacional –que, dicho sea de paso, impugnaremos en la Suprema Corte–, es claro que, más allá de las reformas aprobadas, hay una intención de ensayar la anulación del Congreso y de las oposiciones, sobre todo si los resultados electorales del 2024 no se adecuan a sus planes de excluir a quien piense distinto y disienta.

Vivimos horas oscuras. El golpe que atestiguamos no es anécdota, es advertencia. Varios legisladores, de todos los partidos opositores, estamos dando la batalla. En el Senado, desde el Bloque de Contención la hemos dado desde 2018. Y sí, aún contamos con la Suprema Corte como contrapeso, pero no basta. Necesitamos que la ciudadanía protagonice esta resistencia, como lo hicimos juntos para defender al INE. En este cierre de sexenio, en el ocaso de su poder, intentarán todo para apagar nuestra democracia. No lo permitamos.

Senadora de la República

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