Este martes, un comando armado secuestró a 16 colaboradores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas con el objetivo de exigir la renuncia de diversos mandos policiacos. Los primeros días de junio, siete indígenas tzotziles que se refugiaban en una bodega fueron masacrados en un poblado del municipio de Chenalhó. En mayo, una serie de enfrentamientos en el municipio de Frontera Comalapa produjeron el desplazamiento forzado de cientos de familias fuera de sus comunidades. Todos estos casos, lejos de ser hechos aislados, son el reflejo de la compleja crisis que enfrenta Chiapas.
Recientemente, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) publicó un amplio informe sobre la situación de los derechos humanos en la entidad. Las conclusiones son poco alentadoras: las violaciones a los DD. HH. son generalizadas y sistemáticas. La situación es tan compleja que involucra a grupos armados, delincuencia organizada, autoridades locales e incluso actores de la iniciativa privada. Sumados a la actitud omisa del Estado mexicano frente a Chiapas, estos factores han producido las condiciones para el estallido de violencia que presenciamos.
Históricamente, Chiapas ha representado un reto de gobernabilidad para nuestro país. Incluso después de la insurrección zapatista, la entidad experimentó graves crisis de inestabilidad social motivadas por tensiones interétnicas y religiosas, así como por conflictos agrarios y territoriales. Estas situaciones resultaron en el desplazamiento forzado de comunidades enteras y masacres dirigidas contra grupos identitarios específicos. De 1994 a 2020 se registraron 37 desplazamientos forzados, lo que equivale a más de 155 mil personas expulsadas fuera de sus hogares.
Sin embargo, a pesar de estas tendencias, Chiapas parecía no estar totalmente inmersa en la espiral de violencia que ha ido consumiendo la seguridad en nuestro país. En buena medida, esto se debía al monopolio territorial de un grupo delincuencial, el Cártel de Sinaloa. No obstante, la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacia la región puso fin a la relativa tranquilidad, al desatar una conflagración abierta entre ambos bandos. Además de los grupos con presencia nacional, en años recientes han surgido grupos criminales locales que también disputan el control territorial.
Éstos han aprovechado las olas migratorias provenientes de Centroamérica para lucrar con el tráfico de personas y han establecido redes de explotación sexual. En suma, la delincuencia organizada explota las tensiones étnico-religiosas y la desigualdad de la población para reclutar nuevos elementos y profundizar las divisiones entre las comunidades.
La indiscutible expansión del crimen organizado en la región y la evidente incapacidad de los cuerpos de seguridad locales para contener la violencia están gestando una crisis que apenas deja entrever su verdadera magnitud. En este contexto, ha resurgido el debate sobre la necesidad y deseabilidad de la presencia estatal en las regiones autónomas del zapatismo, así como las posibles estrategias para recuperar el orden y la paz en las comunidades.
Chiapas está en peligro de entrar en una espiral de ingobernabilidad, esta vez precipitada por la violencia relacionada al narcotráfico. El Estado mexicano no puede ni debe permanecer omiso ante la situación crítica cuando las alertas son cada vez preocupantes. Es urgente tomar medidas para garantizar la seguridad y la integridad de la población. Hacia el futuro, es momento de explorar una nueva manera de conjugar el modelo autonómico con las necesidades de seguridad en Chiapas, antes de que sea demasiado tarde.
Senadora de la República
