No hay plazo que no se cumpla: el próximo 1 de julio, oficialmente dejará de operar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y en su lugar entrará en vigor el Tratado México–Estados Unidos–Canadá (T–MEC).
Es imposible no advertir en este hecho una coincidencia histórica: el inicio del TLCAN, en 1994, ocurrió meses antes de una gran crisis económica. De esta forma, gracias a nuestro acuerdo comercial con Norteamérica (las enormes inversiones que atrajo y el incremento en exportaciones que generó), México pudo aminorar los efectos más devastadores de la crisis de 1995.
Veintiséis años después, el T–MEC arrancará en medio de otra crisis económica, esta vez desatada por la pandemia de Covid19; por ello la gran pregunta es cómo, y hasta qué punto, nuestra alianza comercial más importante ayudará a mitigar resultados adversos, que ya estamos viendo, como la salida de inversiones, el cierre de empresas y el desempleo.
La respuesta es sencilla: el T–MEC (igual que lo fue el TLCAN) es un instrumento sumamente valioso, pero que por sí mismo no va a generar beneficios a menos que vaya acompañado de una serie de políticas públicas enfocadas a detonar su potencial económico; porque el T–MEC fue negociado en un mundo muy diferente a la realidad en la que entrará en vigor, producto de las imprevisibles medidas restrictivas que impone la emergencia sanitaria. México tiene la oportunidad de aprovechar el nuevo tratado para hacerle frente a las crisis. A continuación, cuatro consideraciones:
Primero, el gobierno mexicano debe poner en marcha un programa de incentivos económicos para los sectores más productivos, es decir las pequeñas y medianas empresas, y específicamente, en el marco del T–MEC, las que tienen vocación exportadora (recordemos que las PyMEs son responsables de al menos 52% de los empleos formales en nuestro país).
Entre estas medidas, que han sido instrumentadas en otros países, están: prórrogas (no condonaciones) de impuestos, a fin de que las empresas puedan pagarles a sus trabajadores y no se vean obligadas a hacer despidos; apoyos públicos para financiar el costo de insumos como electricidad y agua, para mantener la planta laboral. Finalmente, aprovechar la caída en tasas de interés para que el gobierno ofrezca créditos competitivos, a fin de mantener a flote al sector productivo nacional.
Segundo, brindar apoyos económicos a los sectores populares y de clase media (de manera destacada, ampliación al seguro de desempleo y condonación o descuentos en servicios como electricidad y agua) para fomentar el consumo nacional y con ello dar garantías a nuevas inversiones extranjeras, así como garantizar el dinamismo al mercado interno.
Tercero, fomentar el diálogo de alto nivel para mantener las fronteras abiertas y así garantizar el flujo libre de productos y servicios. Esto implica crear protocolos sanitarios y estándares de calidad, certificados por los tres socios, para que no se rompan las cadenas de valor regionales y globales. Además, el propio T–MEC contiene un capítulo (VII) sobre administración aduanera que debemos instrumentar con velocidad para, por ejemplo, agilizar trámites aduaneros y poner a disposición de las empresas información pública, gratuita y accesible sobre procesos de exportación.
Y finalmente, desde el gobierno, generar incentivos y mecanismos económicos para detonar a las industrias nacionales de comercio electrónico, que ahora son beneficiadas en el T–MEC y que ante la pandemia tienen gran potencial de crecimiento.
En el Senado de la República estamos dispuestos a apoyar las iniciativas para aprovechar la potencialidad del T–MEC en favor de los mexicanos, de la mano del gobierno federal y los gobiernos locales, de la iniciativa privada y el sector social. Hagamos de este tratado, en medio de una crisis económica, una nueva fuente de fortaleza para que México salga adelante.
Senadora de la República.
Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC.
