El Poder Legislativo tiene dos características esenciales: la representatividad de la pluralidad de la sociedad y la deliberación como método para el ejercicio de sus funciones. Estas cualidades están presentes en la realización de sus ocupaciones que van desde la creación y modificación de las leyes que rigen a la sociedad, hasta ejercer el control de la gestión pública.
A partir de la discusión pública, a través de los debates sobre las iniciativas de ley, los acuerdos y resoluciones que se proponen en el Congreso, las legisladoras y legisladores contribuyen a la Nación. Ahí se manifiestan puntos de vista y se esgrimen razones para explicar y persuadir a quien piensa distinto, pero también para que la ciudadanía constate que su diversidad tiene expresión y representación.
Si bien el debate no resuelve por sí mismo los problemas, sí es el camino racional para arribar a conclusiones y dejar constancia de la motivación y los objetivos detrás de la expedición de una ley o la formalización de una decisión. La tarea de crear, modernizar y fortalecer el marco normativo nacional ante los nuevos retos sociales o demandas ciudadanas es de gran trascendencia, aunque contadas veces atrae el interés ciudadano en su cotidianeidad.
Esto derivado de que la labor legislativa se encuentra en una disyuntiva: si bien la representación política garantiza que la integración plural del parlamento sea un reflejo de la diversidad social de un país democrático mientras que el debate enriquece y contribuye a formar ciudadanía; en ocasiones sus frutos no trascienden de manera concreta y ni automáticamente cambian la realidad ni se traducen en la mejoría de las condiciones de vida de la población.
Con frecuencia hay una distancia tangible entre los fines y objetivos de la legislación que se expide y la eficacia de esas disposiciones.
En este contexto, la necesidad de cerrar esta brecha entre el derecho objetivo y la realidad de las personas se convierte no sólo en una oportunidad para actualizar a nuestro Poder Legislativo, sino también en la responsabilidad de fortalecer las capacidades del Estado; y, con ello, su legitimidad.
El derecho comparado nos ofrece un componente útil para apreciar la relación entre la voluntad política expresada en la ley y los mecanismos que permiten transformar esa voluntad en acciones concretas: la asignación de recursos del presupuesto. Por ejemplo, en el derecho estadounidense la aprobación de las leyes está atada a la existencia de recursos públicos para su ejecución.
En nuestro país, con la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 2006, se estableció que las iniciativas de ley del Ejecutivo y los dictámenes sobre cualquier iniciativa de las comisiones competentes habrían de incorporar una valoración del impacto presupuestario. Sin duda es un punto de partida positivo, pero aún insuficiente. Toda vez que este mandato se incumple sin consecuencias o se simula su cumplimiento asumiendo que la legislación planteada no tendrá impacto presupuestario y su atención podría hacerse con los recursos asignados en el presupuesto al ámbito encargado de su aplicación.
Vincular la aprobación de las leyes a los recursos indispensables para su ejecución es una forma de actualizar nuestro Poder Legislativo a la realidad de una sociedad cada vez más exigente por la ejecución de estos mandatos. Para quienes ejercemos la representación popular en el Congreso de la Unión, es una asignatura pendiente.
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