En Mujeres y Poder, Mary Beard destaca un pasaje de La Odisea en el que Telémaco calla bruscamente a su madre Penélope, por ser mujer. Irene Vallejo, en su reconocido ensayo sobre los libros en el mundo antiguo, da cuenta de Enheduanna, la sacerdotisa que firma el primer texto de autoría individual del que se tenga registro, hoy prácticamente desconocida. A pesar de los innegables avances, estamos aún lejos de eliminar las desigualdades de género que resultan de la exclusión sistemática de las mujeres en los espacios de poder, libertad, autonomía y visibilidad. Hoy persisten profundas asimetrías de acceso a oportunidades, recursos y funcionamientos en razón de género que es urgente visibilizar, comprender y combatir.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el CONEVAL publicó la actualización más reciente del Sistema de Indicadores de Pobreza y Género (SIPyG 2016-2022) que da cuenta de 33 indicadores para dimensionar y entender la huella profunda de la división sexual del trabajo en las trayectorias de vida de las personas, y la acumulación de desventajas que afecta especialmente a las mujeres en situación de pobreza. En el análisis de la evolución de los indicadores, el CONEVAL pone especial énfasis en las problemáticas específicas que enfrentan las mujeres en situación de pobreza. Las mujeres de México tienen jornadas laborales remuneradas menores que los hombres (35 horas vs. 45 horas a la semana) y una participación desproporcionada en el trabajo no remunerado (32 horas a la semana vs. 14 horas en el caso de los hombres). En total, este desequilibrio produce sobrecarga de trabajo en las mujeres, que destinan 1.3 veces más horas al trabajo (remunerado y no remunerado) que los hombres.

La pobreza agudiza la división sexual del trabajo e incrementa la susceptibilidad de las mujeres de caer y permanecer en situaciones de pobreza y vulneración de derechos sociales. Además de los obstáculos para la inserción laboral, las mujeres acceden a trabajos más precarios, inciertos y peor pagados que los hombres, principalmente con motivo de la maternidad (la menor tasa de participación laboral del país se encuentra entre mujeres con hijos menores de 5 años), las tareas del cuidado y por perversas prácticas de discriminación laboral. Estas barreras diferenciadas conducen también a la reproducción de la segregación en el mercado laboral: los espacios laborales feminizados suelen ser precarios y la participación de las mujeres en espacios laborales masculinizados, que tienen mejor remuneración, poder y prestigio, es muy limitada.

Actualmente, la brecha de participación económica entre hombres y mujeres es de 26 puntos porcentuales; entre la población en situación de pobreza, esta se eleva a 37 puntos porcentuales. La brecha salarial de género también afecta desproporcionadamente a las mujeres en situación de pobreza: ellas ganan 25 pesos menos que los hombres, cuando la diferencia entre la población no pobre es de 10 pesos aproximadamente. Para las mujeres, la probabilidad de tener un empleo subordinado sin pago es el doble que para los hombres.

Las barreras de acceso al pleno ejercicio de los derechos sociales de las mujeres se traducen también en vulnerabilidad para sus familias, ya que los hogares de jefatura femenina son más propensos a experimentar inseguridad alimentaria, moderada y severa, y cuentan con una mayor tasa de dependencia, lo que agrava las presiones económicas y la vulnerabilidad de los mismos. En un contexto así de adverso y desigual es imprescindible que la política de desarrollo social cuente con un enfoque de género y mejore sustancialmente su progresividad. El CONEVAL acaba de ofrecernos información muy valiosa para un urgente y necesario debate de política pública en esa dirección. Lo que se mide se puede mejorar.

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