En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, es importante reflexionar en torno a que las condiciones de desigualdad en las que viven las mujeres rurales representan una deuda histórica. La lucha por erradicar esta situación no puede verse como una labor opcional sino como un imperativo de justicia social. Para nadie es un secreto que las mujeres rurales, a pesar de su gran influencia en la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, son quienes sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza. Son ellas las más afectadas cuando los recursos naturales y la agricultura se ven amenazados por fenómenos climáticos, sociales y económicos, lo que profundiza una doble desigualdad: la de género y la de su vida en áreas rurales, generablemente pobres.
Hablar de las mujeres rurales no es solo reconocer su rol fundamental en la producción de alimentos y en la conservación de los ecosistemas naturales, sino también visibilizar el trabajo no remunerado que desempeñan en sus comunidades, que supera la mitad de su tiempo diario. Este trabajo, muchas veces invisibilizado y no valorado, sustenta a sus familias y al bienestar colectivo, pero rara vez se reconoce formalmente.
La desigualdad estructural que enfrentan las mujeres rurales e indígenas se manifiesta claramente en el nulo reconocimiento de sus derechos a la propiedad de la tierra, en la desigualdad salarial y en la escasa participación en la toma de decisiones dentro de las entidades agrarias. También enfrentan dificultades para acceder a créditos, materiales agrícolas y mercados, limitando su capacidad para mejorar sus condiciones de vida. A esto se suma un acceso desigual a servicios públicos como la educación y la salud, lo que perpetúa el ciclo de pobreza.
En México, con una población de 61.5 millones de mujeres, el 23% reside en comunidades rurales, y estas mujeres representan el 34% de la fuerza laboral del país. Sin embargo, la participación de las mujeres rurales en cargos de representación agraria es mínima: solo el 23% de los integrantes de los comisariados y consejos de vigilancia son mujeres, y solo el 9% de las presidencias de comisariados ejidales y comunales están ocupadas por ellas. Esta falta de representación tiene un impacto directo en su capacidad para influir en las decisiones que afectan sus vidas.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México en 2018, expresó preocupación por los altos niveles de desigualdad y pobreza que afectan a las mujeres rurales. Señaló que estas mujeres tienen un acceso limitado a préstamos y microcréditos y recomendó el fortalecimiento de una estrategia de reducción de la pobreza con un enfoque de género. El comité destacó la importancia de fomentar la participación activa de las mujeres rurales en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), garantizando que sus voces sean escuchadas y respetadas.
El CEDAW también señaló la pobreza desproporcionada que afecta a estas mujeres y los múltiples obstáculos que enfrentan para acceder a salud, educación y empleo formal. A pesar de algunos avances en el acceso a la tierra, las mujeres indígenas y rurales siguen enfrentando dificultades para obtener títulos de propiedad y están subrepresentadas en los órganos de toma de decisiones sobre los ejidos y tierras comunales. Además, la falta de consulta previa sobre proyectos de desarrollo que impactan sus derechos colectivos sobre la tierra sigue siendo una preocupación.
En respuesta, se recomendó a México aumentar los recursos asignados a educación y salud, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la tierra y mejorar la representación de las mujeres rurales en las instancias de decisión. Respecto al acceso a la justicia, se reconocieron las barreras financieras, lingüísticas y geográficas que obstaculizan el acceso de estas mujeres, y se sugirió la implementación de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita para facilitar el acceso en zonas rurales y remotas.
A pesar de los avances legislativos y los esfuerzos institucionales, aún queda mucho por hacer para transformar la vida de las mujeres rurales e indígenas en México. Algunas iniciativas, como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y el Plan General de Pueblos Indígenas (2019), representan importantes avances. Sin embargo, estas políticas deben ser implementadas con un enfoque de género que permita una verdadera transformación de las vidas de estas mujeres.
En los Tribunales Agrarios, hemos asumido el compromiso de transformar nuestra labor institucional y nuestros métodos de trabajo con una perspectiva de género. Para lograrlo, hemos desarrollado enfoques que rompen con los estereotipos de género y acercamos la justicia a las mujeres rurales mediante menos burocracia. La justicia itinerante se ha convertido en un mecanismo clave para facilitar el acceso a la justicia. En 2023, se realizaron 179 jornadas de justicia itinerante, en las que se atendieron 4001 poblados y 8162 asuntos, beneficiando a 2838 mujeres rurales a través de este esfuerzo, que también incluye audiencias remotas y jornadas especiales y la emisión de sentencias con perspectiva de género.
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, debemos reafirmar el compromiso de empoderar a estas mujeres para que jueguen el papel central que siempre han tenido en la protección de los recursos naturales, la paz social y el desarrollo integral. Solo así provocaremos un cambio que tendrá efectos irreversibles en las futuras generaciones. En los Tribunales Agrarios, trabajamos incansablemente para lograr este objetivo, conscientes de que cada esfuerzo cuenta para hacer justicia a las mujeres rurales.
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario.
