La Cámara de Diputados decidió reducir en casi cinco mil millones de pesos ($4,913) el presupuesto operativo del INE para 2022, año en que puede celebrarse el primer ejercicio de revocación de mandato contemplado en la Constitución.
El INE presentó en agosto su proyecto de presupuesto para 2022 con tres grandes rubros: 1) el financiamiento público de partidos políticos, que es dinero que no determina ni ejerce el INE, por un monto de 5,821 millones de pesos; 2) recursos del INE para cumplir con sus atribuciones permanentes y para organizar seis procesos electorales locales, por una suma de 13,084 millones de pesos, 35% menos que la operación de 2021 y, 3) una partida “precautoria”, como le llamó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por $5,743 millones para cubrir la eventualidad de que se realizaran la revocación de mandato ($3,930) y una consulta popular ($1,913) en 2022.
Así que el recorte de $4,913 millones de pesos coloca al INE en la imposibilidad material de realizar, en términos constitucionales y legales, la posible revocación de mandato. Subrayo en términos constitucionales porque se trata de una votación nacional, una genuina jornada electoral, no de un mero “sondeo” como algunos han pretendido. Además, hay que instalar 161 mil casillas como manda la ley, las mismas que en una elección federal. Y cada una de esas 161 casillas deben ser instaladas por ciudadanos sorteados (12 millones de personas) y capacitados por el INE, no por voluntarios simpatizantes o detractores del presidente.
Si se presentan las firmas requeridas por la Constitución (2 millones 758 mil), el INE tiene plena disposición y capacidad institucional para organizar la revocación de mandato. Si algo sabe hacer el INE son votaciones, es lo que le acerca a la gente y lo confirma como la institución pública más valorada por la sociedad. Pero el INE no jugará con los derechos políticos de la ciudadanía haciendo remedos de ejercicios democráticos que no se ajusten a la legalidad.
El Consejo General del INE determinó el viernes hacer ajustes a su presupuesto para 2022 con los que liberó $1,503 millones para la revocación de mandato, pero incluso así prevalece un déficit de $2,327 millones de pesos, un faltante del 60%.
Se trata de un grave problema, pues lo que hay no alcanza, siquiera, para instalar las casillas de la revocación de mandato. Baste decir que para visitar a 12 millones de ciudadanos (el 13% del padrón que ordena la ley), y así contar con los funcionarios requeridos para las 161 mil casillas de una elección nacional, se requieren $1,812 millones de pesos. Si no hay funcionarios de casilla, no hay a quienes distribuir los paquetes electorales, no hay quien reciba y cuente el voto ciudadano, es decir, no hay elección.
Es la hora que ningún legislador ha logrado explicar por qué ese monto de recorte y en el decreto presupuestal publicado en el Diario Oficial de la Federación no hay una sola línea de argumentación. Y una decisión desde un poder público que no tiene motivación ni justificación es una decisión de escasa legalidad.
¿Cómo debe, en un estado democrático de derecho, resolverse este diferendo entre la Cámara de Diputados y el INE? Pues como marca la Constitución en su artículo 105: acudiendo a la Corte, que es lo que hizo el INE. Habrá que esperar, pues, el veredicto del máximo tribunal de la nación.
Consejero electoral del INE
