La espiral de violencia en Ecuador ha seguido una ruta similar a la de México. El país se convirtió en una importante escala de la cocaína colombiana, y por el puerto de Guayaquil pasan cada año decenas de toneladas de la droga. El puñado de poderosas bandas que fueron las primeras en transportar cocaína por Ecuador se fragmentaron en un mosaico de rivales más pequeños y violentos.

El encarcelamiento de los principales cabecillas de las bandas llevó a que los grupos criminales se transformaran en pandillas carcelarias, capaces de operar tras las rejas y en las calles sin mayores obstáculos. Las relaciones comerciales con traficantes mexicanos, colombianos y albaneses con buenas armas y buen financiamiento les permitieron a las bandas ecuatorianas adquirir arsenales sofisticados, lo que ha contribuido a los miles de asesinatos que se presentan en el país cada año.

Pero mientras que la tasa de homicidios de México se ha mantenido relativamente estable, Ecuador ha experimentado un pasmoso aumento. Según cálculos de InSight Crime, los asesinatos crecieron un 86,2% en 2022, y otro 74% en el primer semestre de 2023. También han aumentado las atroces manifestaciones de violencia pública y los asesinatos selectivos. Este año fueron asesinados siete políticos en el período previo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 20 de agosto, y el más impactante de estos asesinatos fue el del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Quienquiera que resulte victorioso en la segunda vuelta de las elecciones en octubre de este año, bien sea la candidata socialista Luisa González o el centrista Daniel Noboa, enfrentará una constante presión para cambiar la situación de manera rápida.

El presidente saliente, Guillermo Lasso, adoptó una línea dura en materia de seguridad, para lo cual declaró repetidos estados de emergencia en las regiones más afectadas, envió al ejército para reforzar la seguridad en las prisiones y abrió una nueva penitenciaría de máxima seguridad. Pero estas acciones no se han reflejado en ningún aumento significativo en materia de seguridad.

Si bien los Choneros, una de las principales bandas del país, se ha debilitado significativamente, ello se debe a las constantes pérdidas en una guerra de pandillas contra sus rivales, los Lobos, y no a la presión de las fuerzas de seguridad. Los flujos de cocaína detectados en Guayaquil han disminuido levemente, quizá como resultado de un aumento en las requisas, pero la ciudad sigue siendo, de lejos, la zona urbana más violenta de Ecuador.

Aún permanecen las alianzas con los principales grupos criminales de México, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que les proporciona a los traficantes ecuatorianos una fuente de financiamiento y armas. De hecho, una gran parte del conflicto de Ecuador quizá se deba a las bandas locales que luchan por mantener el control de los corredores de cocaína, especialmente en la costa del Pacífico, mediante los cuales se abastece a los contactos en el extranjero.

¿Habrá entonces algún cambio una vez llegue el nuevo presidente? Es algo que no está claro. Ninguno de los candidatos para la segunda vuelta apoya un plan de seguridad más militarizado como el que existe en El Salvador, que ha logrado, al menos temporalmente, desarticular a las pandillas callejeras del país. De hecho, la candidata principal, González, ha prometido reducir el número de prisioneros, ofrecer programas de reinserción social, imponer un control más estricto al comercio de armas e invertir en personal, tecnología y capacidad de investigación para las fuerzas de seguridad. El plan de Noboa es similar, favoreciendo más capacitación para los agentes de policía, la vigilancia comunitaria y la mejora de las deplorables condiciones en las cárceles. Pero el asesinato de Villavicencio determinó un posible punto de inflexión en el panorama criminal de Ecuador. Fue un crimen para el que el Estado ecuatoriano no estaba preparado y un indicio de que los grupos criminales del país están dispuestos a escalar aún más la crisis de seguridad. Quienquiera que gane en octubre se enfrenta a una ingrata tarea, que puede requerir medidas más extraordinarias y decisiones difíciles por delante.

Editor de InSight Crime

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