El gobierno federal no podrá ni en el corto ni en el mediano plazo inmunizar al menos al 70% de la población contra el Covid-19. Está visto y comprobado. A punto de cumplir tres meses de “vacunación” —filas canallas para las personas de la tercera edad, ninguna sana distancia, despotismo y por supuesto raja política— quizá se cruce la marca de los 4 millones de primeras dosis. Lo cual implica, sin tomar en cuenta la segunda aplicación, que restan más de 122 millones de mexicanos de todas las edades. A ese ritmo, México va directo al precipicio tanto en el terreno de la salud y la vida, como en el de la economía.
Se requiere, pues, de una acción civil. Y justamente se van conjuntando los factores y los tiempos. La vacunación enérgica, exitosa y masiva que se lleva a cabo en Estados Unidos permitirá muy pronto —es decir unos tres meses— que la formulación de Pfizer tenga una enorme cantidad de excedentes listos para comercializar. Como socios del T-Mec tenemos el derecho y el deber de echar mano de sus mecanismos de cooperación. Esto es: que la iniciativa privada cuente con una posibilidad tangible, no sólo palabrería, de traer al país la vacuna y que se la aplique quien así lo desee.
Para esa acción civil se requiere de varios cerebros que marquen los lineamientos a seguir. Por fortuna, aquí contamos con eminencias que se desempeñan en el campo privado y que pueden, con sus conocimientos en la materia, establecer —y participar hasta donde se lo permitan sus actividades personales— la ruta de vacunación alterna.
Quienes se han manifestado prácticamente a diario con razonamientos, explicaciones, métodos y desde luego certeras críticas hasta ahora, son tres médicos que merecen toda mi admiración y respeto: Alejandro Macías, Xavier Tello y Francisco Moreno Sánchez. No hay día que falten a los medios que los invitan y, de motu proprio, son muy activos en redes sociales actualizando los datos que surgen en esta emergencia sanitaria.
Hay más médicos capacitados, lo sé, pero son ellos tres quienes están ahí siempre y los avala una trayectoria académica y de ejercicio profesional intachable. Son ellos, pues, quienes podrían estar, si lo desean, al frente de la coordinación de las vacunas que traiga al mexicano domicilio la iniciativa privada.
Y aquí aparece otro nombre clave para que esta acción no se quede en el papel, el de don Carlos Salazar, quien al frente del Consejo Coordinador Empresarial ha tratado de muchas maneras de apoyar a la ciudadanía en la actual administración. Economista, administrador, empresario, caballero, don Carlos tiene los contactos y los medios para organizar una compra amistosa de vacunas provenientes de EU y garantizar la efectividad del traslado y distribución.
Sí, es deber del Estado aplicar vacunas a todo el país. Pero, mire, para qué nos seguimos engañando: el gobierno federal sencillamente no puede, el paquete es excesivamente grande y hay muchos intereses electorales de por medio. Pero, de forma coincidente, en tres meses ya habrán tenido lugar las elecciones y ya no arrastraremos ese lastre que entorpece la vacunación, y en esos mismos tres meses Estados Unidos ya podrá vender con libertad tantas dosis de la vacuna como produzca.
¿Que va a costar una platita? Cierto. Pero si a partir de ahora cada ciudadano con trabajo reserva una parte de su ingreso durante 12 semanas, con seguridad será posible pagar por la vacuna. Tiempo hay. No mucho, pero sí el suficiente.
Pedir no empobrece. Pidamos pues a los doctores Macías, Tello y Moreno Sánchez su auxilio científico y confiemos en que la iniciativa le resulte viable a don Carlos Salazar.
Si no me cree, observe usted mismo, lector querido, los índices oficiales de vacunación. O pedimos ayuda y orientación privadas, o en un año el país se habrá ido al carajo y es probable que ya ni usted ni aquí su escribidor estemos para verlo.
