Mirándola con detenimiento, la figura de un mapa nos acerca al significado de una Constitución, pues para nadie es desconocido que constituye la representación geográfica de la forma del poder en un país.
El mapa constitucional nos permite visualizar en escala aquello que a simple vista es difícil de apreciar; en el mapa político, por ejemplo, se identifican los poderes del Estado, las instituciones autónomas, la descentralización política y la mecánica con que estos elementos se interrelacionan; mientras que al mapa social corresponden los derechos y libertades de las que gozan sus habitantes, los principios, valores y fines que cohesionan a una sociedad plural y heterogénea, así como los mecanismos para hacer realidad nuestras aspiraciones colectivas.
Al margen de una imagen estática, la Constitución es también un mapa que despliega una hoja de ruta en caso de emprender un recorrido, definiendo los distintos caminos que se pueden emprender dentro de la incesante búsqueda de la justicia social.
Y allí está, incólume, desde hace más de un siglo, esa geografía constitucional que contiene los trazos maestros para orientar a las autoridades a la consecución de los fines que hace 103 años asentamos en Querétaro, y que no son más que la exigencia de satisfactores básicos del desarrollo humano como la educación, la vivienda, la seguridad social, el trabajo y la salud, indispensables para construir una sociedad igualitaria capaz de generar y repartir el bienestar común.
Para dirigir las decisiones hacia la obtención de esos fines, el mapa constitucional utiliza distintos navegadores GPS que periódicamente emanan de las elecciones, los cuales se erigen en coadyuvantes a la hora de señalar las distintas rutas, algunas más cortas y rápidas, otras más largas, complejas y costosas, a través de las cuales alcanzar el destino final y hacer realidad el ideario constitucional.
No hay duda que la Cuarta Transformación se ha propuesto utilizar todos los medios a su alcance para encaminar una cruzada a favor de la justicia social con atención prioritaria a los que menos tienen. Qué bueno que así sea. Pero en su afán de llegar lo más rápidamente posible, algunas de las rutas elegidas no han sido adecuadas, pues ha tomado atajos riesgosos e incursionado en caminos peligrosos que avanzan en sentido contrario al patrimonio constitucional que hemos forjado y que si no corrigen el rumbo, pueden colisionar con los derechos y libertades que hemos conseguido mediante incesantes luchas y movimientos sociales y con las instituciones que los garantizan.
Es verdad que la ruta por la que inexorablemente hay que pasar ha estado llena de obstáculos y complicaciones producto de la corrupción, la impunidad, los intereses de grupo, la irresponsabilidad y la ineptitud de la clase política que nos ha gobernado. Sin embargo, la expectativa de hacer realidad las promesas de campaña sin escalas ni retrasos no justifica tomar trayectos inválidos, contrarios al Estado de Derecho, porque en toda transformación, por muy justificada y profunda que sea, el fin no justifica los medios, salvo cuando se está dispuesto al desmantelamiento institucional sacrificando los referentes democráticos.
A 103 años de vigencia de nuestro mapa constitucional, y 14 meses de Morena en funciones de navegador presidencial, es necesario patentizar que el destino constitucional sigue ahí, con sus faros guía bien cimentados, orientados a alcanzar la aspiración por una mejor y más justa sociedad, patentizando que la ruta elegida es prometedora si el recorrido se planifica siguiendo las reglas democráticas.
Para ello, resulta imperativo calibrar nuevamente el GPS y volver a enrutarlo, para que en lo que resta del sexenio no haya cabida para la desorientación ni la pérdida del rumbo, agilizando el ajuste de los vehículos institucionales para ponerlos a punto y tornarlos eficaces, y definiendo si quienes están al frente de ellos cuentan la fuerza, entereza y capacidad para pilotearlos de manera ágil y adecuada, porque es evidente que su desconocimiento, ineptitud o inmovilismo será un condicionante de la buena marcha del gobierno.
Lo que no podemos hacer es darnos el lujo de perder la brújula cuando al gobierno le urge desplegar su legitimidad y autoridad para detener a la delincuencia y el crimen organizado, aceitar los conductos económicos en favor de una economía que propicie el desarrollo y sentar las bases para una armónica convivencia social con respeto y dignidad. Ojalá la conmemoración de la Carta de Querétaro abra el espacio propicio para recalcular el trayecto constitucional.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
@CesarAstudilloR
