El 01 de enero de 2020 conmemoraremos un cuarto de siglo de la emblemática reforma judicial de 1994. Ese cierre de ciclo nos invita a evaluar si los objetivos que se buscaron alcanzar se han conseguido, o si se han presentado obstáculos que han impedido su cumplimiento.
La redefinición competencial que allí se produjo necesitaba proyectarse en la configuración de perfiles idóneos para acceder a la SCJN, y al conjunto de tribunales federales, sin que ello ocurriera con la profundidad requerida, y sin que el tema fuera objeto de discusión en el ámbito de los estados, lo cual, a la distancia, se tradujo en una demora en la calidad del acceso a la justicia, en un retraso en el desarrollo de los derechos y, sobre todo, en la postergación de la necesaria evolución del ordenamiento jurídico.
Hace unos días, desde el Senado de la República, por iniciativa de México Evalúa, y desde el Consejo de la Judicatura Federal se convocó a sendas discusiones para analizar los perfiles que requiere la judicatura en el contexto del amplio numero de iniciativas legislativas que se han presentado en el Congreso.
No hay duda que la definición de dichas cualidades pasa por darnos cuenta de que el contexto ha cambiado drásticamente. Las ultimas reformas penales, laborales, anticorrupción y de amparo se encuentran sometidas a la nueva concepción que de los derechos humanos trajo consigo la paradigmática reforma de 2011, cuya implementación no ha estado exenta de fricciones entre los operadores que se estacionaron en la visión anterior y quienes han asumido la renovada agenda de los derechos.
Desde la perspectiva social nos encontramos viviendo una crisis de la justicia, manifestada en una sensación de impunidad que mira con desprecio al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, porque procuradurías y tribunales no han tenido la capacidad de dialogar para determinar las exigencias del debido proceso, lo cual ha repercutido en una baja estima social en la judicatura federal y local, tal y como lo muestran las últimas encuestas.
Por si fuera poco, desde el ámbito político se ha insistido en la expectativa de que todas las instituciones del Estado, incluidos los tribunales, acompañen la profunda transformación que se busca imprimir a nuestra vida pública.
El contexto descrito nos orilla a pensar en un nuevo perfil de la judicatura con perspectiva de largo aliento, a través de cualidades personales que garanticen probidad, y atributos que procuren especialización, sensibilidad social, independencia, diálogo y vocación transformadora.
Un efectivo acceso a la justicia impone la ampliación del numero de juzgadores y magistraturas en el ámbito local y federal. Una oportuna selección debe apartarse del modelo de designación actual, altamente politizado, transitando hacia procedimientos homogéneos, abiertos y transparentes que garanticen una idoneidad que solo parece alcanzarse mediante concursos de oposición realizados por los consejos de la judicatura con auxilio de las instituciones académicas de prestigio, en donde se evalúen los méritos profesionales, se comprueben los conocimientos mediante un examen y se verifiquen las cualidades a través de comparecencias ante sínodos especializados.
La nueva legitimación de los poderes judiciales pasa por un renovado compromiso en el que se obliguen a fortalecer la carrera judicial en todos sus tramos, a regular las modalidades y condiciones para la adscripción y eventual rotación de sus integrantes, y a garantizar condiciones de acceso igualitarias para frenar el nepotismo y los conflictos de interés, equilibrando las composiciones entre quienes descienden de la carrera judicial, la academia, el foro, y la función pública.
Pero sobre todo, se encuentran obligados a impulsar acciones afirmativas en beneficio de la paridad de género, el acceso de personas indígenas en los distritos judiciales que lo requieran, y un programa de retiro voluntario de quienes estén en situación de jubilarse, permitiendo que las vacantes sean ocupadas por jóvenes, garantizando con ello no sólo la renovación generacional, sino un cambio en la cultura jurídica de la judicatura.
Hay mucho que hacer en este ámbito. No podemos seguir postergando el debate y las decisiones sobre un tema crucial para los derechos y el Estado de derecho.
Académico de la UNAM.
@CesarAstudilloR
