Entre la mitología que envuelve a los regímenes políticos contemporáneos se encuentra una especie de mito que se halla fuertemente anidado en las entrañas de los gobiernos de izquierda, y que actualmente desafía de manera especial a los países de la región, dado que no existe líder político que desde su tribuna no enfatice en un discurso social, de vocación transformadora, pero interesado igualmente en minimizar e, incluso esconder, su presupuesto esencial e inexorable: El componente económico. En una reciente visita a nuestro país, José Luis Rodríguez Zapatero evidenció esta contradicción en una frase: “razonar económicamente no significa conspirar socialmente”. Y no le falta razón al expresidente español, porque es verdad que el estado de bienestar ha buscado configurar un renovado modelo de sociedad basado en una aspiración igualitaria que ha impuesto un conjunto de actividades en función de metas sociales a alcanzar, orientándolas a la remoción de aquellos obstáculos que han impedido el acceso a los satisfactores asociados a los derechos de carácter prestacional. No obstante, las izquierdas se resisten a reconocer abiertamente, porque lo conciben como políticamente incorrecto o ideológicamente insensato, que la consecución de las metas sociales asociadas al bienestar colectivo se fundamentan en pilares económicos que requieren estar adecuadamente aceitados para promover el desarrollo a partir del libre mercado, la sana competencia, la atracción de inversión extranjera, el aliento a la productividad, el impulso a la inversión pública y privada y la apertura comercial, todo ello en el contexto de una regulación estatal que inyecte claridad y certidumbre. Imbuidos en esta aparente contradicción, vale la pena enfatizar que tampoco “razonar institucionalmente significa conspirar políticamente”, sobre todo porque la buena marcha de cualquier administración gubernamental se asienta en instituciones sólidas comandadas por funcionarios altamente especializados en su ramo, sustentadas en burocracias profesionales y políticamente asépticas, que a través del espacio de actuación confiado cumplan las aspiraciones sociales que siguen anidadas en el imaginario colectivo latinoamericano. Constituye un sin sentido, en este contexto, proceder al desmantelamiento de las instituciones bajo la premisa ideológica de que dichas estructuras se encuentran corroídas por haber funcionado dentro de gobiernos anteriores que estuvieron empañados por la corrupción, impulsados por el argumento político de que su inminente colonización fue el mandato del electorado recogido en las últimas elecciones. Las contradicciones de ambos postulados se encuentran presentes en México, en donde se subraya que todos los males que nos aquejan socialmente derivan de un neoliberalismo rapaz, y que todas las instituciones del Estado, empezando por las autónomas, fueron cooptadas por una mafia, sin que exista forma alguna de realinearlas más que a partir de su desmantelamiento y su total reconfiguración, tal y como acaba de ocurrir con la CNDH, y que hoy amenaza al INE, al INAI y hasta al Banco de México. Nadie duda que la economía necesita una orientación social que limite el amasamiento de grandes fortunas, que dote al salario de una concepción remuneradora, que promueva el ahorro interno y aliente la inversión nacional y extranjera en los ámbitos que más se necesitan para el desarrollo, como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social;
Tampoco se pone en entredicho que es impostergable la eliminación de los excesos que complacientemente se han anidado en las instituciones, tal y como ha ocurrido en la SCJN o el TEPJF, por señalar las que más privilegios mantienen, así como la detección de las áreas que necesitan reformarse o fortalecerse para reorientar su compromiso en la consecución solidaria de los fines democráticos de la justicia social. Sin embargo, es fundamental que el gobierno deje de lado el maniqueísmo discursivo que todos los días se sumerge en una abierta defenestración de los presupuestos que hacen posible el bienestar social en el contexto de un Estado constitucional de Derecho, cuando al día de hoy, conservar los cimientos de la economía y la fortaleza de las instituciones, más allá de una contradicción ideológica o una apuesta discursiva, constituye un acto de sobrevivencia del Estado mismo.
Académico de la UNAM.
@ CesarAstudillo
