Las grandes transformaciones de la vida pública de nuestro país, entre las que se cuentan la Independencia, la Reforma y la Revolución, se aseguraron mediante modelos constitucionales capaces de afianzar nuestra libertad, separar al Estado de la religión y reivindicar al sufragio efectivo y la justicia social. Sin embargo, el siglo XX fue testigo de que aquellos cambios menos profundos, derivados del estilo personal de gobernar, no dejaron de sucumbir frente a la seducción generada por el poder de encumbrar promesas de campaña en la carta de Querétaro mediante la constitucionalización de sus postulados, programas y acciones de gobierno.
El gobierno actual, siguiendo los cánones de sus predecesores, ha comenzado a anidar los ejes de la 4T al interior de nuestra Carta Magna. Lo hizo inicialmente en el tema de los privilegios mediante la reducción de los sueldos, la eliminación del fuero, la partida secreta, hasta el rechazo a la condonación de impuestos. En el ámbito de la seguridad le dio cobertura constitucional a la Guardia Nacional, promovió la extinción de dominio de los bienes generados como consecuencia de actividades delictivas, y amplió la prisión preventiva oficiosa para delitos de alto impacto económico y social.
Los derechos sociales han seguido una ruta similar. El derecho a la educación derribó la perspectiva del gobierno anterior y le asignó un carácter obligatorio, universal, inclusivo, público, gratuito y laico; la paridad de género se llevó a todos las cargos públicos, y los derechos político-electorales acogieron la revocación de mandato y la extensión de las consultas populares.
Así, luego de la culminación de siete grandes reformas, Morena se prepara para enraizar en la Constitución los derechos del Estado del bienestar mediante el aseguramiento de apoyos económicos para quienes adolezcan de una discapacidad permanente, el otorgamiento de pensiones para adultos mayores y becas para estudiantes en pobreza, y el acceso a la salud a todos aquellos sin seguridad social.
Ni qué decir tiene que nos encontramos ante derechos sociales de gran relevancia que buscan edificar una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria; sin embargo, debemos tener mucho cuidado, pues es verdad que con su sola constitucionalización se garantizará su vocación de permanencia pero no necesariamente sus potenciales efectos transformadores.
Es evidente que los derechos cuestan, y que una vez aprobados no existirán márgenes de exclusión posibles basados en la futura insuficiencia de recursos, lo que significa que estamos frente a un cambio que habrá de impactar seriamente en los futuros presupuestos de egresos del país.
Es claro también que un entorno como el nuestro, en el que se ha enraizado la compra y coacción del voto, vuelve imperioso el blindaje electoral de los programas sociales asociados a ellos, a través de una adecuada regulación legislativa y de sus correspondientes reglas de operación con miras a evitar que se conviertan en un nuevo caldo de cultivo del clientelismo político.
De lo que no hay duda, es que para hacer realidad el programa transformador de la 4T se requiere de un liderazgo político de corto y mediano plazo que asegure que los cambios y sus beneficios permeen en todos los niveles de gobierno, y cuya fuerza sea capaz de comprometer al gabinete federal, los gobiernos estatales y hasta al más recóndito municipio en la realización de la agenda del bienestar.
Acaso por ello, la única continuidad posible de un cambio como el que ha ofrecido AMLO dependerá de la capacidad de Morena para convertirse en un verdadero partido político, de la mano de un liderazgo que logre abanderar una profunda transformación interior en aras de su cohesión interna, que institucionalice su interacción con el gobierno, gestione su condición mayoritaria y su relación con las oposiciones. Solo así estará en aptitud de adaptar su programa de acción a los postulados de la 4T y de generar los mecanismos de seguimiento para que desde el partido se monitoree su materialización en las agendas parlamentarias, programas de gobierno y políticas públicas de todos los espacios que gobiernan en el país.
No hacerlo propiciará que la expectativa de saldar nuestro rezago histórico se convierta en letra muerta y se postre frente a las carencias y debilidades de un vehículo partidista no apto para procurar los liderazgos y mecanismos que den continuidad a la 4T. Así, por paradójico que parezca, para que la 4T se proyecte como un cambio duradero, más que ver a la Constitución se requiere fijar la mirada en Morena, en su transición de movimiento a partido político.
Académico de la UNAM.
@CesarAstudilloR
