Algunos de los documentos filtrados y hechos públicos la semana pasada por el grupo Guacamaya revelan que desde la SEDENA se escribieron y presentaron al secretario de Gobernación dos iniciativas para darle amplias facultades en materia de seguridad pública a la institución militar. La primera pretendía reformar la Constitución para que la Guardia Nacional quedara en la Carta Magna como una institución militar. Sin embargo, esta no se presentó, pues el gobierno estimó que no lograría la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar esta reforma. La segunda, que es la que se aprobó recientemente en el congreso, proponía una serie de reformas a leyes secundarias para dejar el control operativo de la Guardia Naciona l en la Sedena. El presidente presentó esta iniciativa como propia. Las y los legisladores de Morena, y los de sus partidos aliados, defendieron y aprobaron la iniciativa -inconstitucional- de la Sedena sin chistar.
Llevamos por lo menos tres sexenios leyendo y discutiendo las mismas reformas legislativas -reformuladas con variaciones cosméticas- que buscan darle más poder en materia de seguridad a las fuerzas armadas, específicamente al Ejército. La Ley de Seguridad Interior buscaba hacer los mismo que las reformas aprobadas recientemente: darle al Ejército facultades de policías, pero sin controles claros o mecanismos de fiscalización efectivos. La iniciativa, presentada en 2009 para crear un capítulo de seguridad interior dentro de la Ley de Seguridad Nacional, el acuerdo militarista que emitió López Obrador en 2020 para hacer uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública o la reciente reforma del quinto transitorio, que aún está por aprobarse en la Cámara de Diputados, pretendían (pretenden) algo parecido y parecen escritas por la misma pluma. Había sospechas y señalamientos de que esas propuestas salían de la oficina de Asuntos Jurídicos de la Sedena. Las recientes filtraciones refuerzan la idea de que es así y dan cuenta de la extensión del poderío que tienen los militares en México. No solo cuentan ya con un amplísimo presupuesto y múltiples mecanismos de financiamiento independiente -lo que hace estéril el control que el Poder Legislativo pudiera tener sobre ellos a través del presupuesto-, también se legislan solos. El Congreso federal sirve de ventanilla de trámite para darle a la milicia lo que exige y el presidente se ve cada vez más débil y sumiso frente a los mandos castrenses.
Algunos analistas oficialistas aún insisten en que la militarización de la seguridad pública es necesaria e inevitable frente al poder de las organizaciones de delincuencia organizada (a pesar de no existir ninguna evidencia que la sustente como una política pública exitosa, pero sí múltiples estudios que apuntan a sus riesgos). Los voceros del gobierno afirman, como lo hacían antes quienes apoyaban la Ley de Seguridad Interior, que solo es necesario contar con una regulación clara para asegurar que el actuar militar no caiga en excesos. No explican por qué serviría la militarización si no ha servido en 16 años. Tampoco explican por qué, una y otra vez, la legislación aprobada carece de controles civiles y de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Por qué, por ejemplo, en la reforma al quinto transitorio no se aprobó ninguno de los mecanismos de control más fuertes que se plantearon. La respuesta, cada vez más evidente, es que no se incluyen porque el Ejército legislador no los acepta. Quieren facultades de seguridad pública, con fuero militar y con la secrecía que acompaña una institución de seguridad nacional.
Las filtraciones de la Sedena deberían haber provocado una reflexión nacional sobre el poder que tiene ya el Ejército en nuestro país, sobre su actuar ilegal e injerencia en la política nacional. Pero en lugar de ello, logró apurar al Legislativo para que aprobaran darles aún más facultades y asegurar la impunidad militar. Viene pronto la ya anunciada Ley de Ciberseguridad, que busca evitar nuevos hackeos al gobierno. No tengo duda que el borrador de esa iniciativa pasará también por la Unidad jurídica de la Sedena y que procurará darles nuevos poderes, a costa, claro, de nuestras libertades y seguridad procesal.
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@cataperezcorrea
