La semana pasada se realizó un pequeño –y apurado– foro organizado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para discutir la reforma a varias leyes en materia de mares. Es importante aclarar que esta reforma no tiene como eje la seguridad sino que pretende transferir la totalidad de funciones administrativas y comerciales que hoy corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de la Marina (una institución, cabe aclarar, de carácter militar). La reforma faculta a la Semar, a regular las comunicaciones y transportes por agua y de conducir todas las políticas y programas para su desarrollo. Todas. Le da facultades además de imponer sanciones administrativas en la materia y las autoridades civiles de ese ámbito quedarán subordinadas a la autoridad militar. Esto, a pesar de que la Constitución explícitamente prohíbe que las autoridades militares ejerzan funciones ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz.
La mayoría de los expertos convocados en el foro se expresaron en contra de la transferencia de facultades. Algunos señalaron la inconstitucionalidad de la propuesta, otros los riesgos y costos que tendrá para el comercio dejar en manos de los militares todo lo relativo a la administración de puertos. Otros más señalaron lo extraño que resulta que un país en democracia ceda a los militares el control civil sobre sus puertos, costas y comercio marítimo. La tendencia internacional va justo en sentido contrario y los países que han aprobado algo similar, lo han hecho durante dictaduras militares.
Hay dos vertientes del militarismo en México que sirve distinguir para entender su avance y entender dónde se sitúa esta propuesta:
Una es relativa a la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica. Este aspecto avanzó de forma dramática durante el gobierno de Felipe Calderón, con la llamada guerra contra las drogas (y ha tenido los efectos negativos que conocemos –y vivimos diariamente– sobre la violencia e inseguridad). Durante la administración de López Obrador, se ha profundizado este fenómeno. Se creó por una parte la Guardia Nacional, que aunque constitucionalmente quedó establecida como un cuerpo civil, de facto y por dónde se le vea es una institución militar. Hoy 80% de sus plazas corresponden a la Sedena. Además, el presidente emitió el acuerdo presidencial del 11 de mayo para facultar a las Fuerzas Armadas para realizar directamente, sin objetivos específicos y sin regulación ni fiscalización, tareas de seguridad pública.
La otra vertiente del militarismo tiene que ver la participación corporativa de instituciones militares. La construcción del Tren Maya, de las sucursales y manejo del Banco de Bienestar, la construcción y administración del Aeropuerto de Santa Lucía por parte de la Sedena, son ejemplos de esto. Aquí, el Estado mexicano pretende gobernar a través de las Fuerzas Armadas. En esta vertiente se inserta la iniciativa que da el control administrativo de los puertos a la Semar y los convierte en empresarios portuarios.
Sabemos que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica no trae la paz. Al contrario: estudio tras estudio muestra que esta estrategia abona a la violencia. Ahora estamos viendo cómo la participación corporativa de la milicia trae consigo tendencias autoritarias, menos transparencia y menos control. Más aún, convierte a las Fuerzas Armadas en empresarios, con intereses corporativos.
Semar ya tiene competencias en materia de seguridad en puertos. No es necesaria esta iniciativa si lo que se pretende darle a los militares control sobre la seguridad allí. Usar la inseguridad o el trasiego de drogas en los puertos como justificación para entregar el comercio marítimo a los militares equivale a decir que porque hay drogas y asaltos en las carreteras del país su control, mantenimiento, el cobro de peajes y las obras debiera estar en control de la Sedena y que a ellos corresponde la formulación de políticas de comunicación por tierra. Si en cambio el problema es la duplicidad de competencias entre la Semar y la SCT, se deben regresar las competencias a la SCT, no eliminarla de tajo. Existe una iniciativa –de Morena también– que propuso justo eso.
Pero a pesar de las dudas y cuestionamientos sobre la iniciativa que militariza la administración de puertos, a pesar de que muchos diputados expresaron dudas y pidieron más información y una discusión más amplia, la reforma ya está listada para discutirse (y aprobarse en comisiones) esta semana. No existe en el mundo evidencia de que militarizar la administración pública genere eficiencia. Al contrario, erosiona la confianza en las Fuerzas Armadas, abre la puerta a otras formas de corrupción, a la opacidad y al uso discrecional de la autoridad. Militarizar no trae paz, tampoco atiende la corrupción.
