La semana del 14 de octubre inició con la presentación del Informe de Seguridad Pública del Gobierno. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, habló varias veces de un punto de inflexión. Sin embargo, el mismo día que se presentó el informe sucedió la masacre de Aguililla, Michoacán, en la que 13 policías fueron asesinados en una emboscada del crimen organizado. Al día siguiente hubo un enfrentamiento en Tepochica, Guerrero. Murieron 15 personas (un militar y 14 civiles). El jueves sucedió Culiacán. La improvisada detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, resultó en una serie de balaceras, quema de vehículos, bloqueos a vialidades, soldados muertos —varios retenidos y luego liberados—, amenazas contra la población y un número desconocido de civiles muertos y heridos. Además de la violencia a la que se expuso a la población, el gobierno se vio obligado a liberar a Ovidio Guzmán. Un mal momento para hablar de puntos de inflexión en materia de seguridad.
En la presentación del informe participó también el titular de la Sedena. Entre los datos que presentó estaba algo que llamó “índice de letalidad”. A nivel internacional, este índice se ha usado —junto con otros indicadores— para medir patrones de abuso en el uso de la fuerza letal de distintos cuerpos de seguridad. El indicador somete a prueba los principios de moderación y proporcionalidad que, según nuestras leyes y el derecho internacional, deben regir el uso de la fuerza letal de cualquier cuerpo de seguridad. Se construye dividiendo el número de muertos entre el número de heridos.
Desde hace varios años, varios investigadores hemos usado este indicador —y otros— para señalar patrones crecientes de uso excesivo de la fuerza letal de las fuerzas federales mexicanas. En contextos de conflictos armados suele reportarse mayor números de heridos que de muertos. Por ejemplo, el Comité de la Cruz Roja Internacional afirma que suele haber un muerto por cada 4 sobrevivientes en conflictos modernos. En México, sin embargo, este indicador ha llegado a tener valores alarmantes, especialmente en zonas como Guerrero.
Ante esta evidencia, desde 2014, la Sedena decidió simplemente dejar de informar cuántos civiles mueren o son heridos por miembros del Ejército. Fue una sorpresa que el general secretario hiciera pública esta información. Los datos presentados, sin embargo, tienen problemas y generan dudas sobre su veracidad.
Primero: el secretario presentó como índice de letalidad algo que no es tal. No queda claro por qué cambiaron una medida usada internacionalmente ni qué intenta medir este otro indicador. ¿Por qué decidieron llamarlo igual pero construirlo de otra forma?
Segundo: los datos no coinciden ni con otros datos que ha dado la institución, como señaló Javier Treviño en estas páginas, ni con información de la prensa. Hace unos meses presentamos los resultados de un estudio sobre el uso de la fuerza letal en México (puede consultarse en www.monitorfuerzaletal.com). Según la prensa que analizamos, en 2017 las fuerzas federales fueron responsables de 174 muertes. (Si incluimos los eventos en que estas participaron con policías locales, el número asciende a 204.) Por anteriores estudios y datos de otras instituciones, sabemos que la prensa registra entre 30 y 50% de civiles muertos. Sin embargo, según el Informe de Seguridad, en 2017 murieron 242 civiles en manos de todas las fuerzas federales. Se trata de un dato poco creíble si se contrasta con lo que reportó la prensa ese año. En las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional el propio general Sandoval afirmó que alrededor de 700 personas habían muerto en enfrentamiento con las fuerzas armadas en 2018. Ahora reportan 230. Las cifras simplemente no cuadran.
Es una buena noticia que el gobierno haya decidido hacer pública esta información. Significa dejar atrás la opacidad y cumplir con su obligación, pero de nada sirve si se trata de información parcial, contradictoria o falsa.
Profesora investigadora del CIDE.
@ cataperezcorrea
