Nuevamente, la violencia contra las mujeres —y la falta de acciones por parte de las autoridades mexicanas para detenerla—, ha vuelto a ser el foco de atención. En la Ciudad de México, familiares de víctimas y colectivos feministas tomaron las instalaciones de la CNDH en protesta por la ausencia de medidas implementadas y por la falta de un reconocimiento de la violencia existente hacia las mujeres. En otras ciudades del país, otros colectivos también realizaron protestas y tomas de las instalaciones locales.
El enojo y la desesperación no sorprenden. La administración federal ha recortado recursos a programas claves para las mujeres: guarderías para madres trabajadoras y los albergues para víctimas de violencia doméstica y la salud sexual y reproductiva. En los estados, las respuestas también han sido pobres o incluso violentas en contra de quienes exigen acciones concretas. El Presidente además ha negado —o minimizado— en repetidas ocasiones la violencia existente contra las mujeres, a pesar de que las cifras muestran su aumento. Hoy son asesinadas en México un promedio de 10 mujeres al día y otros tipos de violencia también se han intensificado en los últimos años.
Es cierto que la violencia de género existía antes que llegara a la presidencia López Obrador y que el confinamiento ha agravado los casos de violencia doméstica. Pero negar su existencia, resulta indignante. Además, las políticas de seguridad impulsadas por este gobierno han empeorado la situación. La semana pasada se presentó el estudio: Las dos guerras, escrito por Laura Atuesta y Estefanía Vela. “Hablamos de las dos “guerras” ”, escriben las autoras, “porque las mujeres en México, encima de lidiar con la “guerra” del machismo y la misoginia que condiciona su día a día, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en sus relaciones íntimas y con extraños, ahora tienen que hacerlo en un contexto de violencia generalizado provocado por la llamada “Guerra contra las drogas” y las estrategias que, en su nombre, el Estado ha implementado.”
El estudio muestra cómo el despliegue de militares para realizar tareas de seguridad pública, lejos de reducir, aumenta los homicidios de hombres y mujeres. “Los enfrentamientos nunca están asociados a una reducción de los homicidios, no importa qué variable se utilice o qué temporalidad se mida. La sangre derramada en los enfrentamientos, el terror desatado con los enfrentamientos, ni siquiera ha contribuido a una reducción de la violencia homicida en los municipios. Ni para los hombres, ni para las mujeres.”
La evidencia de este estudio se suma a la ya numerosa literatura que demuestra que el militarismo no abona a la pacificación sino que agrava las condiciones de violencia, para hombres y mujeres. Pese a ello, el gobierno actual continua empeñado en profundizar esta estrategia. “Sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que la “Guerra contra las drogas” ya acabó. A pesar de ello, el poder de la milicia sigue en aumento, sin que queden claros los mecanismos de rendición de cuentas que rigen a las Fuerzas Armadas, ni el plan del gobierno para revertir el rumbo de la actual política de seguridad, que sigue estando basada en la militarización.”
Para este gobierno la guerra terminó por decreto, para hombres y mujeres, sigue.
Profesora investigadora del CIDE
