“Yo estoy en contra de eso” -dijo hace unos meses AMLO, refiriéndose al requisito de 5 años de experiencia para poder ser juez. “Yo soy más partidario que una mujer, un hombre, que se titula como abogado, sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley, está lleno de frescura, de ideales, de llevar a la práctica la máxima de que ‘al margen de la ley nadie y por encima de le ley, nadie’. Pero ya cuando va pasando el tiempo, ya a los 5 años, … ya a los 10 años ya saben bastante, pero ya perdieron la mística. Ya la fueron dejando en el camino. Ya aprendieron otras cosas que no se necesita. Y siempre les dice ‘no, ¿y la experiencia?’ Van a ser abogados titulados, ¿y la escuela, pues? Si hace falta, pues un curso especial sobre la función específica de un juez. Que ¿es muy compleja la impartición de justicia, cuando se actúa con rectitud y no por consigna, como suele pasar?”
Las declaraciones de López Obrador, hechas en el marco de la reforma judicial, traen a cuenta preguntas básicas sobre el derecho. ¿Cuál es la función de los jueces? ¿Deben aplicar la ley o hacer justicia? ¿Se puede hacer ambas y qué debe hacer un juez cuando una idea de justicia se contrapone al derecho?
La realidad es que la función judicial no está ni bien definida ni bien delimitada. Esta puede cambiar dependiendo del tipo de materia judicial que se trate: constitucional, penal, familiar, laboral, de amparo y también del abordaje que asuma frente al derecho. Una juez de lo familiar decide cuestiones tan complejas y particulares como quién se hace cargo de los menores de edad o en qué forma se reparten las responsabilidades económicas o bienes del hogar. Una juez de distrito establece límites sobre el actuar de las autoridades, al señalar, por ejemplo, si alguna se excedió en sus facultades en violación de los derechos de una persona. Tendrá que decidir sobre la legalidad de una detención, una expropiación, un nombramiento o una norma. Las respuestas que den los jueces dependerán de los casos concretos, pero también de la interpretación que hagan del derecho. No tiene nada de sencillo, como supondría López Obrador, impartir justicia. Se trata de una tarea importante para la vida pública y para las miles de personas cuyos conflictos pasan por el poder judicial.
Una parte del quehacer judicial en México -y América Latina- ha optado por entender -y enseñar- su función como la mera aplicación mecánica de normas. Desde esta óptica, el derecho es un sistema autocontenido, autosuficiente y sin contradicciones. La función judicial se limita a encontrar una respuesta correcta en el sistema y estudiar derecho es estudiar -memorizar incluso- normas. Las consideraciones sobre el impacto que las decisiones pueden tener sobre el sistema democrático en general quedan fuera del derecho. Esta forma de entender el derecho permite presentar la función judicial como algo despolitizado y racional. También permite esconder el hecho de que las personas juzgadoras eligen entre distintas respuestas y obviar la necesidad de argumentar sus decisiones.
Hay buenas razones para no querer que los jueces asuman el papel de legisladores. Sin embargo, también las hay para exigir que se expliciten consideraciones y razones, que se defienda desde el poder judicial los frenos y contrapesos, los derechos y un sistema de democracia en el que todas las personas tienen cabida. Desde la reforma al poder judicial en 1994, tanto la calidad de las sentencias federales, como la educación jurídica en las principales escuelas del país, han mejorado, alejándose de la versión más formalista del derecho. La Corte Suprema, además, comenzó a funcionar como contrapeso y límite a los otros poderes. Hoy tenemos un poder judicial más consolidado, independiente y abierto al escrutinio público.
No queda claro cuál es la mística que anhela López Obrador en las personas juzgadoras. Pero la reforma que impulsó deja claro que la visión que se busca imponer de la justicia en adelante es la que teníamos antaño: la de una sola interpretación correcta posible. A diferencia de antaño, sin embargo, ahora esa respuesta será resguardada por el Tribunal de Disciplina, controlado por el partido oficial. Estamos revirtiendo 30 años de apertura y profesionalización judicial para regresar al modelo de justicia opaca, obediente y sometida al poder político en turno.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
